La alcaldesa Muriel Bowser y la jefa de la policía Cathy Lanier desafiaron la advertencia del presidente del Comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes, el republicano Jason Chaffetz, respecto a que la medida viola la ley.
Desde este jueves los residentes de la capital o visitantes podrán portar hasta dos onzas (unos 56 gramos) de mariguana legalmente gracias al referéndum aprobado por abrumadora mayoría en las elecciones de noviembre de 2014.
Asimismo, podrán consumir el enervante con fines terapéuticos o recreativos dentro de sus hogares y cultivar en sus casas hasta seis plantas de la droga sin exceder más de tres plantas maduras.
La descriminalización de la posesión, consumo o cultivo no aplica sin embargo a tierras federales, que representan alrededor de la cuarta parte de la capital, que es sede de todos los Departamentos del gobierno federal.
La ciudad de Washington se sumó a otras 18 jurisdicciones de Estados Unidos que permiten el consumo de mariguana con fines terapéuticos, incluidas tres con propósitos recreativos en los estados de Washington, Colorado y, desde esta semana, Alaska.
A diferencia de otras entidades, la capital estadunidense no autorizó la apertura de expendios o dispensarios de la droga.
Pero, los partidarios de la llamada Iniciativa 71, aprobada por el 65 por ciento de los electores en los comicios de noviembre pasado, esperan que la descriminalización sea un primer paso hacia la plena legalización de la droga en la capital.
La entrada en vigor de las medidas podría no obstante enfrentar problemas debido a la oposición de los republicanos de la Cámara de Representantes, toda vez que el Congreso tiene la última palabra en los asuntos del Distrito de Columbia.
El legislador Chaffetz envió está semana una carta a los líderes de la ciudad en la que advierte que la puesta en marcha de la iniciativa representa una violación de la ley.
Los republicanos, por tradición, son fuertes defensores de los derechos de los estados del país, pero el Distrito de Columbia goza de un estatuto especial y no goza de los mismos derechos que las 50 entidades del país ya que tiene voz, pero no voto en el Congreso.
El caso podría terminar dirimiéndose en los tribunales estadunidenses, si tanto el Congreso como las autoridades de la capital mantienen posiciones encontradas sobre la aplicación de la iniciativa.