Según el diario La Repubblica, la comisión rogatoria (pedido de colaboración judicial) fue firmada y enviada por los fiscales Pietro Forno, Tiziana Siciliano y Luca Gaglio.
Los magistrados son los titulares del llamado caso “Ruby Ter”, en el que Berlusconi, la marroquí y decenas de personas más son acusadas de corrupción en actos judiciales.
En particular, el ex primer ministro es indagado porque habría sobornado a más de 20 mujeres para que no declararan en su contra en el llamado “proceso Ruby”, en el que fue acusado de concusión y prostitución de menor.
La hipótesis es que el ex jefe de gobierno habría pagado elevadas sumas a Ruby, quien presuntamente invirtió parte del dinero en dos edificios de departamentos, un restaurante y una fabrica de pastas para sopa en Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.
Con la comisión rogatoria, los fiscales milaneses quieren “aclarar” el origen del dinero que Ruby habría invertido en la localidad turística mexicana, donde sus propiedades serían administradas por su ex novio Luca Risso, según el diario Corriere della Sera.
La información pasaría a formar parte del expediente del caso “Ruby ter”, aun en fase instructoria.
Una vez concluida la indagación se espera que los magistrados inicien un nuevo juicio contra Berlusconi y otras 44 personas acuasadas de “corrupción en actos judiciales”, por haber mentido bajo interrogatorio en el marco del primer proceso Ruby.
En la primera instancia de ese juicio Berlusconi fue sentenciado a siete años de cárcel y a la inhabilitación perpetua tras ser declarado culpable de concusión (abuso de poder) y corrupción de menor.
El expremier impugnó ese veredicto y en julio del año pasado fue absuelto por el Tribunal de Apelaciones de Milán, aunque el titular de la Corte, Enrico Tranfa, dimitió en protesta contra esa decisión.
Ahora se espera que sea la Corte Suprema la que emita el veredicto definitivo en el tercer y último grado de juicio, que iniciaría este mes.
En agosto de 2013 la Corte Suprema sentenció en vía definitiva a Berlusconi a cuatro años de cárcel (conmutados por 10 meses de servicios sociales) por evasión fiscal en la compraventa de derechos televisivos de su empresa Mediaset.