La petición presentada ante una corte de apelaciones para que permita su implementación creció a 73 ciudades y condados de 27 estados del país, lo que representa a 43 millones de personas a nivel nacional, aseguró.
Un juez de Texas suspendió hace unas semanas la aplicación de medidas de una orden ejecutiva del mandatario estadunidense que beneficiarían a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados.
En respuesta y encabezados por el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ciudades y condados llamaron a que las medidas se reactiven para beneficio de las mismas urbes y regiones.
Integrados en la Coalición por una Acción de Inmigración urgen la aplicación inmediata de las medidas.
El escrito demuestra un fuerte apoyo de las ciudades más grandes del país, así como los suburbios y las zonas rurales en favor de las reformas del presidente.
Las ciudades y condados sostienen que el juez de distrito que bloqueó la aplicación no tuvo en cuenta daños significativos a los gobiernos locales de Estados Unidos causadas por este retraso.
"Se necesitan reformas migratorias con sentido común que mantendrán familias intactas y prosperidad económica del país", dijo Garcetti.
"Este es un tema partidista que debe centrarse en las personas y no en la política", comentó quien al inicio de su administración creó una oficina local de Asuntos del Inmigrante.
"Al retrasar la aplicación de la acción ejecutiva del presidente perjudica nuestra economía y pone a las familias en situación de riesgo", consideró de Blasio.
“Nuestras ciudades están unidas, y vamos a luchar por la reforma migratoria que este país necesita y merece, ya sea en la sala del tribunal, en el Congreso, o en nuestras comunidades”, advirtió.
El escrito dirigido a la Corte expresa que la acción ejecutiva beneficiará ciudades y condados, aumentando ingresos fiscales locales y estimulando economías locales.
Además facilitará la participación cívica, mantendrá unidas a familias y mejorará la seguridad pública con el fortalecimiento de barrios y comunidades.
El informe advirtió que la demora en la ejecución de las medidas ordenadas por Obama tiene costos importantes para las economías locales y las familias inmigrantes.