“La Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos aprobada por el Jefe de Estado castiga nada menos que con 15 años de prisión a quien se atreva a mencionar públicamente el precio del dólar paralelo”, precisó Jaime Mora, ex director de Finanzas del extinto Ministerio de Hacienda.
Mora, señaló que esta ley va dirigida expresamente a periodistas y medios de comunicación por lo que los editores de diarios y noticieros de televisión han instruido a su personal de redacción y colaboradores acatar la normativa, para evitar sanciones.
“Los comerciantes no quedaron fuera, ya que la ley también establece que quienes promocionen, comercialicen o determinen los precios de bienes utilizando como referencia un tipo de cambio distinto a los permitidos (...) será sancionado con prisión de siete a doce años”, añadió.
Destacó que el gobierno ha intentado contener el mercado paralelo mediante distintos sistemas de asignación de divisas, los cuales solo sirvieron para que grupos cercanos al poder se convirtieran en multimillonarios con los dólares oficiales asignados.
Sentenció el analista que la diferencia entre los dólares que vende el Banco Central de Venezuela (BCV) y los que desean comprar los ciudadanos y las empresas, originaron un mercado paralelo que mueve millones de dólares diarios y donde la demanda es gigantesca.
“El gobierno en lugar de `encarcelar´ al dólar lo que debe hacer es parar la impresión masiva de billetes que utiliza para financiar el gasto público. La enorme cantidad de bolívares que desesperadamente persiguen billetes verdes es lo que ha causado esta distorsión”, recalcó.
Mora, por otra parte, criticó el texto de esta ley que deja en claro que en el corto y mediano plazo no está planteado entregar divisas a las empresas para que paguen la deuda que tienen con proveedores en el exterior, “salvo que se trate de casos de interés nacional”.
“Esto es una aberración ya que todas estas empresas venezolanas obtuvieron lo que se conoce como Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y con este aval compraron materia prima u otro tipo de requerimientos a proveedores en el exterior”, observó.
Explicó que una vez que la mercancía ingresó al país, el gobierno tenía que venderle los dólares a la empresa venezolana para que cancelara al proveedor, pero no lo ha hecho. Se estima que la deuda total asciende a 13 mil millones de dólares.
“El resultado es que una cantidad muy importante de empresas están morosas con sus proveedores y han dejado de recibir insumos y materia prima que son indispensables para operar. Esta situación ha acentuado la escasez en el país, a niveles insoportables”, dijo.