continuará luchando contra quienes tratan de destituirla. “Tengo la energía, la fuerza y el coraje para enfrentar esta injusticia”, manifestó.
Rousseff parecía el lunes estar al borde de perder su puesto después de que legisladores de la Cámara Baja votaran a favor de iniciar un proceso de juicio político en su contra y mientras parece que el apoyo a la mandataria se evapora en el Senado, el cual votará para decidir si quita del poder a la líder izquierdista en medio de una crisis política y económica.
Después de la votación del domingo en la noche, por 367-137 a favor del juicio político, el asunto fue remitido al Senado, donde 45 de los 81 senadores han indicado que darán luz verde a ese procedimiento, según versiones periodísticas locales.
Si la Cámara Alta aprueba por mayoría la realización de un juicio político contra Rousseff, la mandataria quedaría suspendida del cargo mientras el vicepresidente Michel Temer asumiría provisionalmente el mando.
Bajo el complicado proceso del juicio político, podrían pasar hasta 10 días para que el Senado vote y un mínimo de 40 días para que se decida la suerte de Rousseff.
Sin embargo, la velocidad del proceso también depende de la voluntad política del jefe del Senado, Renan Calheiros, quien podría retrasar durante meses el eventual juicio y la votación definitiva.
El legislador del Partido de los Trabajadores (PT) José Guimaraes, líder del gobierno en la Cámara Baja, figuró entre los aliados que se reunieron en la mañana con Rousseff, apenas horas después de la punzante derrota de la mandataria en esa instancia legislativa. “Es impresionante lo animada que está”, declaró Guimaraes a la prensa.
Guimaraes agregó que él y otros colaboradores cercanos de Rousseff le reafirmaron su lealtad y dijo que la estrategia del Gobierno será “resistir el golpe de Estado en el Senado”.
La votación en la Cámara Baja empeora el panorama político del país a medida que Brasil, afectado por una aguda recesión económica y un enorme escándalo de corrupción, se prepara para ser sede de los Juegos Olímpicos en agosto.
La votación contra Rousseff ha dividido mucho a los brasileños, y miles de ellos se manifestaron frente al Congreso durante la votación.
Muchos brasileños consideran a Rousseff responsable por toda una serie de problemas, desde la devastadora recesión hasta los altos impuestos y malos servicios públicos. Al mismo tiempo, una amplia franja de la población señala que millones de pobres brasileños han salido de la miseria en la última década gracias al Partido de los Trabajadores de la mandataria, y consideran que la votación legislativa es antidemocrática.
“Estoy contenta porque creo que Dilma tenía que irse, pero también estoy triste de que llegáramos a esto y muy preocupada de que el próximo presidente pueda ser aún peor”, dijo Patricia Santos, de 52 años, propietaria de un pequeño negocio y que estaba entre unos 60 mil manifestantes a favor y en contra del gobierno congregados ante el Congreso. “Tiemblo de pensar lo que nos espera ahora”.
El procedimiento de juicio político contra Rousseff se basa en las acusaciones de que utilizó trucos de contabilidad para apuntalar el débil apoyo que tenía mediante gasto público.
La presidenta alega que anteriores gobiernos recurrieron a las mismas maniobras sin repercusiones. Ella insiste en que las acusaciones son poco más que una débil excusa de la élite gobernante tradicional de Brasil para regresar al poder pero quitándoselo al Partido de los Trabajadores, de izquierda, que ha gobernado el país durante 13 años.
El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, dijo tras la votación que Rousseff podría impugnar el juicio político en su contra mediante un recurso que interponga en el Tribunal Supremo Federal, la Corte más alta en Brasil.
Sin embargo, los analistas se mostraban escépticos de que la presidenta pueda mantenerse en el poder al destacar el espectacular fracaso de la gobernante para allegarse el apoyo incluso de los partidos que por mucho tiempo han integrado su coalición gobernante.
Los editoriales de los principales diarios en Brasil pusieron de relieve el peligro que representa la inestabilidad política.
El periódico Estado de S. Paulo advirtió sobre “la amenaza de huelgas y protestas diarias”. Folha de S. Paulo se pronunció por una solución rápida al problema y agregó que “la crisis dista de haber terminado”.
La crisis política se ha prolongado meses, y ha obstruido las acciones para hacer frente a la peor recesión del país en décadas. Además tiene lugar en medio de un escándalo de corrupción en marcha centrado en la compañía petrolera estatal Petrobras que ha abarcado a dirigentes políticos y empresariales, aunque no a Rousseff.
La votación del domingo se produjo unos 24 años después de que la Cámara Baja abriera los procedimientos de impugnación en 1992 contra Fernando Collor de Mello, el primer presidente elegido democráticamente en Brasil tras más de dos décadas de gobierno militar. Collor afrontaba acusaciones de corrupción y terminó renunciando antes de que el proceso de juicio político concluyera en el Senado.
Rousseff, una antigua guerrillera que fue torturada durante la dictadura militar, fue seleccionada a dedo por el carismático expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para sucederle, convirtiéndose en la primera mujer presidenta en Brasil.
Pero tras ocho años de rápido crecimiento bajo el gobierno de Lula, la economía empezó a flaquear después de que Rousseff tomara el mando en 2011, y en 2014 logró la reelección por poco tras protestas generalizadas el año anterior. Su índice de popularidad ha bajado al mismo ritmo que la economía, y los sondeos de opinión indican que la mayoría de los brasileños están a favor de su destitución, aunque muchos parecen tener reservas sobre los que están en la línea de sucesión.
Temer, el vicepresidente, se ha visto implicado en la red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Además, también podría afrontar su propio juicio político porque firmó algunas de las maniobras fiscales por las que se persigue a Rousseff.
El segundo en la línea de sucesión, el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, ha sido acusado de recibir 5 millones de dólares en sobornos.
Cunha fue la fuerza impulsora del juicio político, una ironía que no se ha escapado al bando del gobierno.
“La presidenta perdió la capacidad de gobernar hace tiempo. Cayó al fondo del pozo”, dijo Cunha, añadiendo que “ahora Brasil tiene que salir del pozo”.
Durante la votación de seis horas, un ambiente circense reinó en el Congreso. Los legisladores vestían capas con banderas de Brasil y cintas rojas mientras vitoreaban, abucheaban, cantaban y se hacían fotos sin parar mientras avanzaban entre la muchedumbre para llegar al micrófono y proclamar sus votos.
Los partidarios del juicio político mencionaron a Dios, la familia y a Brasil para justificar su decisión y con frecuencia dijeron que la impugnación ayudaría a poner fin a la corrupción endémica en el país.
Robert Silva, que recogía latas vacías en la marcha a favor del juicio político ante el Congreso, dijo que no pensaba que nada que ocurriera tras los muros del edificio pudiera ayudar mucho a la gente como él.
“Con Dilma, mi vida es así”, dijo señalando a su carro de supermercado lleno de latas aplastadas de aluminio. “Sólo espero que quien llegue después no sea peor”.