de heridos.
Del mismo modo, condenaron el uso excesivo de la fuerza contra la población civil que marcha para protestar contra las medidas del gobierno que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad venezolana y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de personas jóvenes.
Ante ello, hicieron un llamado enérgico a la administración de Nicolás Maduro para que respete los derechos humanos de sus ciudadanos, como lo contempla su Constitución.
Indicaron que como actual miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Venezuela tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados de los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito y ratificado.
En el marco del apego irrestricto al Estado de Derecho y para lograr la estabilización de la situación en Venezuela, los gobiernos de los ocho países reiteraron la importancia de cumplir el calendario electoral, liberar a los presos políticos, restituir las funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, así como garantizar la separación de Poderes.
Por último, hicieron un llamado a todos los sectores para no avalar acciones que generen más violencia y manifestaron su convicción de que ha llegado la hora de concretar un acuerdo nacional incluyente que provea una solución duradera a la crítica situación que se vive en Venezuela.