política de sanciones ejecutadas por el gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela.
"Tenemos la convicción de que las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales constituyen crímenes de lesa humanidad, en este caso contra la población civil de Venezuela", manifestó el canciller en rueda de prensa desde la ciudad europea.
Arreaza informó que entregó la documentación correspondiente y solicitó a la fiscal jefa de la CPI, Fatou Bensouda, "que haya pertinencia y oportunidad en el tratamiento" del caso.
"Es un documento riguroso que tiene datos estadísticos, que tiene hechos", expresó Arreaza, con razones jurídicas sobre "la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales".
El canciller venezolano aseveró que esperan que los equipos de la CPI puedan "investigar y comenzar todo el proceso que conllevaría a un enjuiciamiento y a una determinación de responsabilidades".
Expresó que la demanda o remisión va dirigida "contra quienes toman las decisiones en Washington".
"Las medidas coercitivas unilaterales son armas de destrucción masiva y sólo con el colectivo, con el multilateralismo y en ofensiva contra la ilegalidad, podremos detenerlas", subrayó.
Estados Unidos intensificó su política de sanciones económicas, comerciales y financieras contra el gobierno de Venezuela a partir de que Donald Trump asumiera a la presidencia en 2017.
El gobierno venezolano ha denunciado desde entonces que se trata de medidas coercitivas unilaterales que han generado pérdidas de miles de millones de dólares al país sudamericano.

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