"El gobierno de Hong Kong implementará rigurosamente esta ley. Y advierto a los radicales que no traten de violar esta ley, o cruzar líneas rojas, porque las consecuencias son muy serias", dijo Lam a periodistas.
La ley, aprobada el 30 de junio y bajo la que ya se han producido las primeras acusaciones de detenidos, es vista por abogados y activistas hongkoneses como el posible fin de los derechos y libertades de las que se goza en la ciudad frente al resto de China, aunque el Gobierno local insista en que tan solo afectará a una "minoría extremadamente pequeña" de personas.
Entre otras cosas, la nueva normativa criminaliza y permite reprimir la secesión, la subversión, la confabulación con terceros países e insta a castigar aquellos actos que inciten al odio contra China y el Gobierno del Partido Comunista.
