La misión de la ONU presentó un informe el mes pasado, que concluyó en que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sus principales ministros eran responsables de posibles "crímenes de lesa humanidad".

Encargada de investigar una serie de presuntas violas, la misión de la ONU dijo haber encontrado evidencia de que actores estatales, incluido el presidente Maduro, estaban detrás de delitos graves como ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático de la tortura.

La resolución que extiende la investigación por otros dos años fue adoptada por 22 votos (entre ellos, los de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Alemania, Italia, España) contra tres (Venezuela, Eritrea y Filipinas), y 22 abstenciones .

En el caso de Argentina, el gobierno peronista de Alberto Fernández respaldó el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la violación de derechos humanos, aunque volvió a condenar la "injerencia externa" y las sanciones económicas al gobierno, por considerar que "agreden especialmente al pueblo venezolano".

Persecución generalizada a opositores

La resolución de la ONU condenó enérgicamente "la represión selectiva y la persecución generalizada por motivos políticos, incluido el uso excesivo de la fuerza, la detención arbitraria, la tortura, los malos tratos, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada por parte de las fuerzas de seguridad ".

La misión no pudo visitar Venezuela, debido a que el gobierno no respondió a sus solicitudes y restricciones aéreas por el COVID-19, pero realizó 274 entrevistas a distancia.

El Consejo instó a Bachelet a continuar monitoreando, informando y brindando cooperación técnica con miras a mejorar la situación de los derechos humanos en el país caribeño.

En Caracas, la Cancillería expresó este martes su "compromiso" con "el diálogo y la cooperación" con Bachelet, pero dijo que "no reconoce, ni reconocerá, mecanismos paralelos e innecesarios promovidos por un grupo de gobiernos con trayectoria injerencista, creado para instrumentalizar la política en derechos humanos contra las instituciones "venezolanas.

El texto se refirió así a la misión, a la que acusó de tener una posición "

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