El máximo órgano de decisión de Naciones Unidas subrayó en un comunicado la "necesidad de mantener las instituciones y los procesos democráticos, con un total respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, así como al Estado de derecho".
Instó asimismo a que las partes implicadas inicien un diálogo e insistió nuevamente en la liberación de "todos aquellos que permanecen detenidos de manera arbitraria", incluida la depuesta líder electa birmana Aung San Suu Kyi.
Además, el Consejo de Seguridad se mostró alarmado por la "reciente violencia" que se ha registrado en el país y por los "elevados números de desplazados internos".
"Llamamos al cese inmediato de todas las formas de violencia por todo el país y a asegurar la seguridad de los civiles", agregó el texto, aprobado por la totalidad de los quince miembros que conforman el órgano.
El comunicado también destacó el "dramático incremento en las necesidades humanitarias, especialmente entre mujeres, niños y grupos vulnerables, y con el telón de fondo de la pandemia de covid-19", por lo que instó a aumentar "urgentemente" la asistencia humanitaria al país y a facilitar la distribución de vacunas anticovid.
Al menos 1.503 personas han muerto en Birmania a raíz de la brutal represión de la junta militar tras la asonada, según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), una oenegé birmana.
"Los asesinatos irán a más salvo que encontremos una forma de pararlos", dijo el pasado lunes la nueva enviada especial de la ONU para Birmania, la singapurense Noeleen Heyzer, durante una entrevista con la cadena asiática Channel News Asia.
Desde el golpe de Estado, Birmania ha regresado al aislamiento internacional, que ya vivió entre 1962 y 2011 durante casi medio siglo de sucesiones de dictaduras militares, mientras que Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido y Nueva Zelanda han emitido sanciones selectivas contra los mandos militares y sus intereses económicos.