"A partir de ahora hay que vivir con el covid, así que vamos a poner en marcha una serie de medidas, lo que significa el fin de la vacunación obligatoria", declaró el ministro de Salud, Johannes Rauch, en una rueda de prensa en Viena.
La estrategia "se había puesto en marcha en un contexto diferente", con los hospitales sobrecargados, explicó.
"Pero la variante ómicron alteró las reglas" de juego, agregó el ministro, "Incluso los que habían aceptado vacunarse ahora se niegan a que les administren una nueva dosis".
La comisión de expertos no había considerado que la ley fuera "necesaria ni desde un punto de vista médico ni constitucional" y creó "una profunda división en la sociedad austriaca", señaló Rauch.
El texto entró en vigor el 5 de febrero y supuso una medida inédita en la Unión Europea, y esto suscitó una fuerte oposición en el país, de nueve millones de habitantes.
La norma incluía a todos los residentes mayores de 18 años, excepto las mujeres embarazadas y quienes se hubieran contagiado del virus en los 180 días anteriores.
Los controles debían empezar a mediados de marzo, con sanciones de entre 600 y tres mil 600 euros.
Al final, el ejecutivo decidió suspender su aplicación, al constatar que la variante ómicron era menos peligrosa.
"Actualmente, existen muchos argumentos para decir que esta vulneración de los derechos fundamentales no está justificada", declaró en aquel entonces Karoline Edstadler, encargada de la Constitución.
Cerca del 62% de la población austriaca cuenta con un certificado de vacunación anticovid válido, una tasa inferior a la de numerosos países de Europa occidental.
El país ha registrado más de 18.700 muertes por COVID desde que empezó la pandemia.
