pandemia de covid-19 y utilizada desde entonces para bloquear el ingreso de cientos de miles de migrantes al país.
El levantamiento de esta política, llamada "Title 42", fue impugnado por 19 estados estadounidenses, que temen una llegada masiva de migrantes en la frontera con México.
En marzo de 2020, el gobierno del expresidente Donald Trump activó este dispositivo sanitario para poder expulsar sin demora a los migrantes indocumentados detenidos en las fronteras terrestres, incluidos los potenciales solicitantes de asilo.
Esta medida de expulsión inmediata no admite recurso y no prevé ningún regreso automático al país de origen. Aunque existen algunas excepciones para ucranianos, desde la invasión de su país por parte de Rusia, o para menores que no estén acompañados.
En respuesta a la decisión de la Suprema Corte, la Casa Blanca pidió el martes una reforma "integral" de la política migratoria de Estados Unidos.
"Con el fin de reparar nuestro deficiente sistema migratorio, el Congreso debe adoptar una reforma integral de la inmigración", dijo la portavoz del presidente Joe Biden, Karine Jean-Pierre.
Defensores de derechos humanos y expertos consideran que la norma es violatoria de los tratados internacionales. Estiman que es "inhumano" impedir que una potencial solicitante de asilo formule su petición.
Según ellos, el dispositivo actual motiva a los migrantes a cruzar la frontera de forma clandestina y a tomar riesgos cada vez mayores para lograrlo, atravesando desiertos hostiles o ríos en los que se pueden ahogar.
El "Title 42" ha sido objeto de varias batallas judiciales distintas. Una jurisdicción de primera instancia, y luego una de apelación se pronunciaron a favor de derogarla.
Ante su posible levantamiento, varios municipios situados en la frontera sur de Estados Unidos comenzaron a instalar vallas y rejas metálicas. Numerosos migrantes aguardaban en las últimas semanas cerca de la frontera, con la esperanza de poder solicitar asilo en el país norteamericano.
- "Hundirse en el caos" -
De momento, la medida seguirá vigente hasta que la Corte Suprema delibere sobre el fondo del asunto. Escuchará en febrero de 2023 los argumentos de las dos partes y entregará su decisión el próximo verano.
Esto da a la administración Biden algunos meses suplementarios para prepararse ante la potencial llegada masiva de migrantes, ya que el presidente demócrata ha tenido dificultades para establecer una estrategia duradera para gestionar las llegadas a su frontera sur, de unos 3.000 kilómetros de ancho.
Las llegadas clandestinas a la frontera con México rompen actualmente récords históricos, con más de 200.000 arrestos realizados en el mes de noviembre.
La inmigración es un tema políticamente explosivo en Estados Unidos. La oposición republicana ataca constantemente a Biden sobre este tema, acusándolo de ser demasiado laxo con el control del paso fronterizo.
Este martes, la decisión de la Suprema Corte fue inmediatamente aplaudida por el bando conservador. "Permitirá evitar que las poblaciones que viven en la frontera se hundan en el caos más total", declaró el representante tejano Tony Gonzales.
Durante su campaña electoral, Biden prometió una amplia reforma del sistema migratorio, pero todas sus propuestas legales se han empantanado en el Congreso.