que murió en el 2007 luego de haber sido violada aparentemente por miembros del Ejército de México, solicitaron este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) una condena contra el Estado mexicano por violencia sexual, tortura y la muerte de la víctima.
"Las pruebas deben llevar a la Corte a la conclusión de que el Estado es responsable por la violencia sexual y tortura que miembros del Ejército mexicano perpetraron contra doña Ernestina Ascencio Rosario, dando como resultado su muerte por la omisión estatal de garantizarle la atención médica adecuada y oportuna", declaró en una audiencia ante la CorteIDH la representante de la víctima, Carmen Herrera.
La CorteIDH llevó a cabo este jueves una audiencia por este caso que se refiere a la violación y posterior muerte por falta de atención médica de la mujer indígena náhuatl de 73 años de edad, así como por la falta de acceso a la información del caso y de una investigación adecuada de los hechos que se mantienen en la impunidad.
Los sucesos ocurrieron en el año 2007 en la comunidad de Tetlalzinga, en la Sierra Zongolica, estado de Veracruz, un día en el que Ascencio salió a pastorear y luego fue encontrada por su hija tirada en el suelo y en mal estado.
La mujer dijo que fue violada por miembros del Ejército y murió en un hospital luego de haber sido rechazada su atención en cinco centros médicos, según la demanda presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Las autoridades estatales no solo ignoraron el testimonio del ataque sexual por pronunciarlo en su lengua, desestimaron evidencia clave, desviaron y archivaron indebidamente la investigación e intentaron frustrar la búsqueda de justicia de la familia", expresó Herrera.
Los representantes solicitaron a la CorteIDH una sentencia "contundente" contra el Estado mexicano en la que ordene medidas de no repetición y de reparación, así como que se realice una investigación seria, imparcial e independiente de los hechos que abarque perfiles genéticos para identificar a los responsables.
Por su parte, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad y expresó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y con el acatamiento de las disposiciones de la CorteIDH.
"El Estado reconoce, de la manera más respetuosa, que no se cumplieron plenamente las obligaciones estatales de garantizar los derechos a la vida y a la salud de la señora Ernestina, una mujer indígena y adulta mayor, cuyas condiciones de vulnerabilidad debieron ser atendidas con prioridad y urgencia", expresó en la audiencia la directora general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Jennifer Feller.
Agregó que en este caso hubo falta de acceso a servicios médicos oportunos y que las autoridades judiciales no realizaron una investigación adecuada que se enfocara en la condición de mujer, indígena y adulta mayor de la víctima.
Feller manifestó el compromiso del Estado mexicano de "conducir una investigación independiente e imparcial" y de llevar a cabo "todas las acciones necesarias para reparar a la familia y evitar la repetición" de hechos similares.
Después de la audiencia de este jueves, las partes tendrán un mes para entregar a la CorteIDH sus alegatos finales por escrito y en los siguientes meses el tribunal emitirá una sentencia