de relaciones diplomáticas con México, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, rechazó la decisión. El funcionario sostuvo que el gobierno mexicano ha actuado "de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional".
La reacción del gobierno peruano ocurrió tras el otorgamiento de asilo político a la exministra Betssy Chávez, quien enfrenta un juicio por rebelión, relacionado con el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.
Velasco explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó oficialmente al gobierno de Perú sobre la concesión del asilo, junto con una solicitud de salvoconducto para que Chávez pudiera salir del país.
"Esto se hizo en apego a una larga tradición de asilo diplomático y político arraigada en nuestra historia y en nuestros principios humanistas", señaló Velasco.
"El artículo 4 de la Convención de Caracas establece que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Es decir, México tiene la facultad de determinar si se trata de un caso de persecución política".
El funcionario recordó que el artículo 11 de la Constitución mexicana garantiza el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo conforme a los tratados internacionales de los que México forma parte. Añadió que, con base en esa norma y en la ley mexicana sobre refugio y protección complementaria, se evaluó el caso de Chávez y se determinó otorgarle el asilo.
Velasco citó además una resolución de la Asamblea General de la ONU de 1967, que establece que "el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso", por lo que consideró injustificada la reacción del gobierno peruano.
En el mismo sentido, la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke, subrayó que el asilo político "es un derecho humano" y un símbolo de la vocación humanista de México.
"Nuestro país ha protegido a miles de personas perseguidas a lo largo de su historia, desde los refugiados españoles salvados por Lázaro Cárdenas hasta quienes huyeron de las dictaduras en Sudamérica. El asilo es una de nuestras instituciones más nobles", afirmó.
Serur recordó que solo al Estado asilante le corresponde decidir si una persona es objeto de persecución política. "Un gobierno que persigue a alguien por razones políticas difícilmente lo reconocerá; por eso, suele acusar a sus opositores de delitos comunes", explicó.
Por su parte, el director general para América del Sur, Pablo Monroy Conesa, puntualizó que México "no ha intervenido ni intervendrá en los asuntos internos del Perú", y que ha actuado con mesura ante las medidas "extremas y desproporcionadas" del gobierno peruano.
"México no ha declarado persona non grata a ningún representante peruano, ni ha roto relaciones consulares. Mantenemos una posición de principio, guiada por el respeto y el profundo cariño al pueblo de Perú", afirmó Monroy.