"Texas es un estado en el que la pena de muerte es una cosa cotidiana", afirmó en una rueda de prensa en Ciudad de México la cónsul general del país en la capital de Texas, Austin, Rosalba Ojeda.
La representante consultar mexicana se refirió al tema al comentar el caso de Tamayo, cuya ejecución está programada para el próximo 22 de enero, tras ser condenado a muerte por el asesinato de un policía en Houston (EU).
Ojeda recordó que su caso es uno de los 50 incluidos en el denominado Fallo Avena, dictado por la Corte Internacional de Justicia en 2004, en el que se determinó que se había violado el derecho de los condenados a recibir asistencia consular, por lo que pidió la revisión de la sentencia.
"Lamentablemente, nosotros hemos estado insistiendo en esto y no dejaremos de insistir en cada caso", agregó la diplomática.
Asimismo, informó de que en los últimos veinte años en este estado norteamericano han sido ejecutados ocho mexicanos y recordó que uno de esos casos, el de Javier Suárez Medina, motivó que en agosto del 2002 el entonces presidente mexicano, Vicente Fox, cancelara una visita a este estado.
La cónsul general mexicana en Austin informó de que el gobernador de Texas, Rick Perry, ya ha confirmado que no va a conmutar la pena de muerte fijada a Tamayo "y que será ejecutado en tiempo y forma".
Ayer, el embajador de México en Washington, Eduardo Medina Mora, exigió a Estados Unidos que se cumpla el fallo de la Corte Internacional de Justicia e insistió en que el reo no puede ser ejecutado.
Si la sentencia se aplica finalmente el 22 de enero, Tamayo será el tercer mexicano ejecutado después de haber sido emitido el Fallo Avena y el primero de ellos en no recibir ningún tipo de revisión a sus quejas, relacionadas con la falta de notificación consular.