La huelga general paralizó el transporte público, sector clave para que la protesta sindical tuviera éxito en este país de 40 millones de habitantes con una de las mayores tasas de inflación en América Latina: más de 7% en el primer bimestre de 2014, según datos oficiales avalados por el FMI. En 2013 la cifra se situó entre el 25 y 30%, según consultoras privadas.
Los sindicatos que apoyaron la huelga van desde la centro-derecha hasta la izquierda radical, y aunque con diferencias en sus formas de actuar, coincidieron en manifestarse contra la inflación y la inseguridad.
En una recorrida por la capital alrededor de un 50% de los comercios permanecían cerrados, en una jornada inusual con menos movimiento que un domingo, pero con bancos abiertos, cúmulo de basura por la falta de camiones de recolección y poca gente en las calles.
"Un compañero nos pasó a buscar a los que no teníamos cómo venir. Lo que pasa es que al que no venía le descontaban el salario del día", dijo Mauricio Ibáñez, un empleado de supermercado de 22 años.
El acatamiento fue dispar en la capital, la vecina Provincia de Buenos Aires y Rosario, la tercera ciudad más importante del país, con grandes tiendas comerciales y restaurantes de comida rápida abiertos, además de oficinas operando y escuelas privadas impartiendo clases.
El aeropuerto internacional de Ezeiza operaba con normalidad mientras que el nacional Aeroparque, en Buenos Aires, se paró por completo, confirmaron sus portavoces.
"Esta fue una huelga sectorial que se convirtió en una huelga general por el acatamiento en el sector transporte", dijo la analista política Graciela Romer, directora de la consultora homónima.
Para Romer "no se puede negar que este paro recoge un mal humor social existente. Sin embargo también tiene un componente político, pero no es uno u otro. Hay un componente político que ha sido sumado a un reclamo real", sentenció.
Tras los levantamientos de cortes de rutas en varias partes del país, el líder de los camioneros Hugo Moyano, celebraba "la alta adhesión" al paro como dirigente del sector opositor de la central obrera CGT, enfrentado con el ala kirchnerista que agrupa a gremios industriales, comercio, bancarios y docentes, que no se pliegan al paro.
Analistas percibieron esta huelga como un juego político para desafiar al gobierno centroizquierdista de Kirchner, confrontado también al descontento social por la inseguridad en las grandes ciudades, donde en las últimas semanas se han registrado unos 12 casos de vecinos que intentaron hacer justicia por su propia mano contra supuestos ladrones.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que los organizadores del paro "pretenden sitiar los grandes centros urbanos" con piquetes usando "una metodología a la vieja usanza del medioevo".
"En la Edad Media los señores feudales impedían el acceso a la población. No hay lugar para la barbarie ni para medidas que conspiran contra el libre ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores", agregó Capitanich desde la Casa de Gobierno.
Pero Romer advirtió que el paro demostró que sindicalistas como Moyano y su compañero al frente de la protesta, el líder del sindicato gastronómico Luis Barrionuevo, "muy criticados, muy denostados, muy poco valorados por la ciudadanía, vuelven a hacer una demostración de fuerza".