Paolo Pigni, director general del asilo Sagrada Familia, de la localidad de Cesano Boscone (Milán), anunció este miércoles a la prensa que el exjefe de gobierno comenzará a trabajar en esa estructura a partir del 9 de mayo próximo.
“Berlusconi no realizará una actividad de diversión o relax y no estará en las oficinas, sino que entrará en contacto con sufrimientos y situaciones que podrán enriquecerlo”, declaró Pigni.
Dijo que Berlusconi ya ha dado su plena disponibilidad al proyecto en el que estará ocupado un día a la semana durante los próximos 10 meses y medio.
Cuestionado por los periodistas si Berlusconi se dedicaría a contar chistes y a divertir a los ancianos, Pignio respondió: “prueben contar chistes a los enfermos de Alzheimer y después hablamos”.
Confirmó que el sentenciado, de 77 años de edad, mantuvo una reunión de una hora con la directiva del asilo Sagrada Familia para definir el proyecto.
Berlusconi fue condenado en vía definitiva el pasado 1 de agosto a cuatro años de cárcel por fraude fiscal en la compraventa de los derechos televisivos de su empresa Mediaset.
Sin embargo, debido a su edad y a la ley del indulto, la pena le fue rebajada a 10 meses y medio que cumplirá realizando servicios a la comunidad.
Las modalidades con las que purgará la sentencia han sido criticadas por el presunto favoritismo a su favor y por el hecho de que no se le impide participar en la campaña electoral de su partido, Forza Italia, de cara a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo.
“Es una decisión tomada por la magistratura con particular atención en el rol político de Berlusconi”, opinó el también exprimer ministro, Massimo D’Alema.
“Es comprensible, aunque se puede pensar que ciudadanos menos afortunados, menos ricos y poderosos y por delitos mucho menores van simplemente a la cárcel. Es una justicia de velocidades variables”, añadió.
En tanto, los magistrados del Tribunal de Vigilancia confirmaron que analizan las últimas declaraciones de Berlusconi contra el poder judicial.
El expremier insiste en calificar como “una monstruosidad”y “un golpe de Estado” su sentencia por fraude fiscal y la que lo condenó a pagar más de 500 millones de euros a la holding CIR, a la que en los años 90 sustrajo el control de la editorial Mondadori tras corromper a varios jueces.
El Tribunal de Vigilancia le había advertido que en caso de mantener sus ataques contra la magistratura le serían revocados los servicios a la comunidad por el arresto.