De acuerdo con un reporte del organismo humanitario, la mitad de los 500 casos relacionados con terrorismo que el Departamento de Justicia lleva ante cortes desde ese año ha descansado en informantes, y casi 30 por ciento de estos incluyeron operaciones encubiertas.
La subdirectora de HRW para Estados Unidos, María McFarland, dijo que uno de los aspectos más problemáticos es el hecho de que algunos de estos acusados son personas que presentaban problemas emocionales o mentales, incluyendo indigentes.
“En su esfuerzo por mostrar resultados, el FBI en muchos casos se ha acercado a comunidades musulmanas en Estados Unidos y ha buscado personas vulnerables a las cuales podía convencer de un supuesto complot”, indicó en entrevista tras la presentación del reporte.
McFarland apuntó que en estos casos el gobierno facilitó las condiciones para alentar la actuación de estas personas. “Les dieron todo el equipo, todos los recursos necesarios para participar en el complot y los empujaron a cometer un supuesto delito que no lo era”, aseveró.
El reporte dio cuenta de al menos un caso, el del estadunidense Ahmed Omar Abu Ali, acusado y convicto de dar apoyo material a terroristas y condenado a cárcel de por vida, utilizando la confesión que dio a autoridades en Arabia Saudita, donde fue detenido sin cargos de por medio y sometido a torturas.
McFarland dijo que tales prácticas tienen un profundo impacto para estas personas y la comunidad musulmana, que contrario al exhorto de las autoridades de apoyar sus esfuerzos para atacar este tipo de complots domésticos, es vista con sospecha en este ámbito.
“El gobierno los está tratando como sospechosos por el simple hecho de ser musulmanes y al tratarlos de esa manera está generando muchísimo temor, desconfianza y una sensación de que están siendo constantemente vigilados y que sus hijos o vecinos fácilmente podrían ser involucrados por el FBI en algo que jamás habrían hecho”, apuntó.
El reporte está basado en centenares de entrevistas conducidas con personas acusadas o convictas de delitos relacionados con terrorismo, familiares de estos, abogados defensores, jueces, fiscales federales presentes y pasados, funcionarios de gobierno, académicos y expertos.
Bajo el título “Justicia Ilusoria: Abusos de derechos humanos en la persecución de terrorismo en Estados Unidos”, el documento de 214 páginas analizó 27 casos federales que abarcaron el inicio de la investigación, el juicio, la fase de sentencia y las condiciones de confinamiento de la persona convicta.
“El gobierno debería dejar de tratar a los musulmanes estadunidenses como terroristas. El nivel de entrampamiento en las leyes es tan alto que es casi imposible para un sospechoso de terrorismo mostrar lo contrario”, dijo Andrea Prasow, una de las autoras del documento.
McFarland criticó igualmente el indiscriminado uso de acusaciones de apoyo material por las autoridades estadunidenses en estos casos, sin que en ocasiones exista una conexión directa entre las personas o entidades objeto de estas acusaciones, con los casos en cuestión.
“La acusación es que el FBI está creando complot y terrorismo que no existían antes, que no habrían existido si no fuera por la participación del FBI”, indicó.
McFarland añadió que aunque su oficina se acercó a ocho instancias separadas al FBI para solicitar información, nunca les contestaron.