En el 2010 se realiza la primera audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, en Apurimac. Asimismo se suscribe el contrato de transferencia de la titularidad de las concesiones mineras con el Estado con una inversión estimada en 5 mil millones de dólares. Al año siguiente (2011) el Estado aprobó el EIA con lo que se inicia el proceso de construcción de la inversión planeada.
Si bien hasta entonces la relación de las comunidades con el proyecto había tenido algunos altibajos, el trato era predominantemente positivo. Pero todo cambió cuando en mayo del 2013 las empresas Glencore (australiana) y Xstrata (china) se fusionaron. Debido a las leyes antimonopolio de China, Xstrata se vio obligada a vender el proyecto de cobre.
Así, en abril del 2014, Las Bambas fue comprado por un consorcio conformado por las empresas MMG Limited (62,5 %), una subsidiaria propiedad de Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5 %) y CITIC Metal Co. Ltd (15 %). A diciembre de este año, el avance del proyecto se encontraba en el 80%, pero la situación dio un giro.
¿Qué piden los opositores al proyecto?
Con la compra del megaproyecto minero también hubo modificaciones en este lo que provocó el rechazo de varias comunidades campesinas y organizaciones de las zonas de impacto en la región de Apurimac.
Entre estos cambios se encuentran: la no construcción del mineroducto (que pone en riesgo las zonas aledañas por el transporte del mineral); la construcción de una planta de molibdeno en Fuerabamba (que podría afectar al río Challhuahuacho) y la construcción de otra planta de filtros en el lugar.
Los manifestantes piden que estan plantas sean retiradas y que el proyecto sea puesto a consulta previa, aduciendo los cambios en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Por otra parte, las comunidades de los distritos de Grau, Challhuahuacho, Mara y Ccapacmarca, piden ser incluidos en la zona de influencia del proyecto debido a que se ubican en la Línea de Transmisión Eléctrica y la Vía de Transporte de Carga Pesada.
Respuesta del gobierno
Tras lamentar la violencia que se dio en las protestas, el presidente Ollanta Humala decretó estado de emergencia en varios distritos de las regiones de Apurímac y Cusco. Mientras que el presidente del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Tambobamba-Cotabambas, Ronald Bello Abarca, explicó que desde hace varios meses vienen pidiendo el diálogo con el gobierno, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, minimizó la existencia de dicho frente en un programa de televisión.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado en el que asegura que la empresa presentó en el 2013 un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) sobre "la incorporación de la planta de molibdeno y de filtrado" con el que se concluyó que no tendrá un impacto ambiental significativo en la zona.
Asimismo asegura que no se ejecutaron los talleres de participación ciudadana porque en el caso de los ITS, esta información solo se difunde a "las autoridades locales y provinciales correspondientes".
El gobierno no puede alegar que no sabía de las preocupaciones de la población por los cambios en el proyecto porque el gobernador regional de Apurímac, Wilber Venegas, lo informó en su momento al Ministerio de Energía y Minas pero le respondieron que estas modificaciones "no eran sustanciales y estaban de acuerdo a ley".
La importancia del proyecto Las Bambas
Con reservas minerales de 6.9 millones de toneladas de cobre y recursos minerales por 10.5 millones de toneladas métricas de cobre, Las Bambas es el proyecto minero más grande del país y cuenta con una inversión de 10 000 millones de dólares.
Para el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva la economía peruana depende, entre otros factores, de este tipo de proyectos comiencen a operar. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, la minería representa el 11% del Producto Bruto Interno.
Otros proyectos mineros importantes son el de Toromocho, con una inversión de US$3 500 millones; Constancia, con US$1 400 millones; y la ampliación de Cerro Verde por US$4 600 millones.