Polonia que permite sancionar a jueces críticos con las reformas judiciales del gobierno, en un nuevo pulso de Bruselas con Varsovia.
"Existen riesgos evidentes de que las disposiciones sobre el régimen disciplinario de los jueces puedan usarse para el control político del contenido de las decisiones judiciales", dijo la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourova.
Para la responsable europea del Estado de derecho, "los jueces de otros países deben confiar en que los jueces polacos actúan de forma independiente". "Esta confianza mutua es la base de nuestro Mercado Único", agregó Jourova.
A iniciativa del gobernante Ley y Justicia (PiS, nacionalista conservador), el presidente polaco, Andrzej Duda, promulgó en abril esta ley, pese a los llamados a rechazarlo por parte de la oposición y muchas organizaciones de magistrados.
Para Bruselas, la legislación, calificada por sus detractores como "ley mordaza", amplía la noción de falta disciplinaria, puede implicar un "control político" de las decisiones judiciales e "impedir" a los jueces aplicar el derecho de la UE.
El ejecutivo comunitario, que da dos meses a Polonia para responder a sus preocupaciones, agrega que la ley obliga a los jueces revelar información específica sobre sus actividades no profesionales, incompatible con el respeto de la vida privada.
Desde el regreso al poder del nacionalista conservador PiS en 2015, Polonia está en el punto de mira de Bruselas por su controvertida reforma global del sistema judicial dirigida, según el gobierno polaco, a luchar contra la corrupción.
El proceso de infracción es el cuarto abierto por la Comisión desde 2017, después de los relativos a la reforma de los tribunales ordinarios, del Tribunal Supremo y del régimen disciplinario para los jueces ordinarios.
El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), al que acudió la Comisión en el marco del proceso de infracción, falló contra las reformas de Varsovia, obligando al gobierno a recular so pena de eventuales sanciones económicas si persistía en su incumplimiento.
Además de los procesos de infracción, que pueden terminar con importantes multas, Bruselas activó en diciembre de 2017 un duro procedimiento inédito conocido como Artículo 7 por un riesgo de "violación grave del Estado de derecho".
A largo plazo, este procedimiento puede implicar la suspensión del derecho a voto de Polonia en el seno de la UE, si bien Hungría, sobre la que pesa otra activación del Artículo 7, ya avanzó que utilizará su derecho a veto para impedirlo.
