Argentina debe una fortuna: 323 mil 193 millones de dólares (a diciembre de 2019), que no tiene posibilidades de pagar. Eso es lo que ha estado sucediendo durante muchos años. Le debe miles de millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), y a accionistas de diferente magnitud en todo el mundo, particularmente en EE. UU. Y las raíces de ese caos se remontan a varias décadas atrás .

Desde comienzos de 2020, el país avanzaba hacia su noveno impago de deuda soberana, el tercero de los últimos 20 años. En mayo entró oficialmente en default. El gobierno argentino ha estado negociando con un grupo de grandes compañías inversoras estadounidenses, lideradas por BlackRock, a las que debe miles de millones de dólares, en un intento por mitigar la crisis más reciente. Ahora por fin se ha podido llegar a un acuerdo.

La corporación de inversionistas estadounidense BlackRock, el mayor administrador financiero del mundo, ha estado negociando con el gobierno argentino en nombre de tres grupos de acreedores diferentes, a los que, según informes, Argentina debe más de la mitad de su deuda externa. Los tres grupos de acreedores son conocidos como Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, Grupo Accionistas de Bonos de Intercambio, y el Comité de Acreedores de Argentina, llamados colectivamente “Acreedores de apoyo”. Las negociaciones se han realizado en torno a la reestructuración de alrededor de 65 mil millones de dólares que el Estado argentino debe a estos y a otros tenedores de bonos.

Los inversionistas aceptaron canjear sus bonos impagos por nuevos bonos, que pagarán poco menos del 55 % del valor original. Eso significa que perderán una cantidad significativa de sus inversiones.

El gobierno argentino había puesto como fecha límite este martes 4 de agosto, para llegar a un trato. Según la agencia Bloomberg, hubo un avance durante una llamada telefónica, el pasado fin de semana, entre el ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, y la directora de BlackRock, Jennifer O´Neil.

El acuerdo es muy importante para el gobierno argentino, ya que significa que el país dejará de estar aislado de los mercados financieros internacionales, y evitará el inmenso daño de imagen que provocaría un default total y de final abierto.

Cuando Argentina cayó en default por más de 80 mil millones de dólares en 2001, eso tuvo como consecuencia años de litigios y juicios llevados a cabo por varios accionistas. Ahí están las raíces de la crisis actual. Algunos accionistas ganaron esos juicios, lo que provocó otro default en 2014, antes de un pago realizado en 2016.

Cuando el acuerdo actual esté sellado, eso significará que los accionistas habrán hecho importantes concesiones a Argentina, no solo ahorrándole dinero al Estado, sino también devolviéndole parte de su alicaída reputación al país, y su lugar en el mercado internacional de crédito.

La pandemia de COVID-19 hizo, probablemente, que el acuerdo por parte de los accionistas fuera posible y necesario, de acuerdo con analistas. Argentina está en las garras de una profunda recesión desde 2018, y la pandemia empeoró una situación ya de por sí terrible.

La probabilidad de que los accionistas lograran obtener un mejor trato era mínima. Si los acreedores hubieran intentado acudir a los tribunales, habrían sufrido inevitablemente un revés, ya que el país está sumido en una crisis que hace que una gran cantidad de personas esté cayendo en la pobreza.

Muchos de los gobiernos populistas de Argentina, incluyendo los de la expresidenta, y ahora vicepresidenta, Cristina Kirchner, tienden a culpar de los problemas económicos de Argentina a los acreedores extranjeros y al FMI.

“Creo que, ciertamente, el COVID-19 jugó un papel al reducir las expectativas de los acreedores sobre qué era razonable y qué era aceptable moralmente en este contexto”, explicó Nicolás Saldías, analista político, a The Wall Street Journal.

“Los acreedores habrían quedado mal si hubieran pedido al país cantidades exorbitantes de dinero, en medio de la peor recesión desde la Gran Depresión y una pandemia que está matando a cientos de personas”, señaló Saldías.

Aunque se haya llegado a un acuerdo, este no es, de seguro, el fin de los problemas económicos de Argentina. Más que una cura, se trata de un remedio que permite que el país gane tiempo para elaborar un tratamiento más efectivo para sus males.

Argentina todavía le debe unos 44 mil millones de dólares al FMI, una cifra que también necesita reestructurar para poder tener la esperanza de llegar a pagarla.

Más allá de la deuda y de la reestructuración de la misma, Argentina sufre de problemas económicos estructurales, con los que tiene que seguir luchando. Se prevé que la economía argentina se contraerá un 10 % este año, y, con una moneda en crisis y una escalada de la inflación, que se suman al caos ya existente que provoca la pandemia, es obvio que no habrá trato que logre terminar con todos los obstáculos y generar seguridad. El camino que le espera a Argentina sigue siendo largo e intrincado.

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