Baró espera reabrir la próxima semana, aunque por un tiempo no habrá comensales extranjeros y deberá conformarse con los clientes locales. La buena noticia es que ahora podrá comprar insumos en el primer mercado mayorista de la isla, que comenzó a operar a fines de julio.
Con una economía en caída, sin turismo, mayores gastos para enfrentar el COVID-19 y la presión de las sanciones estadounidenses, el gobierno cubano ha empezado a desempolvar reformas económicas pospuestas durante años.
La primera fue la autorización para que dueños de comedores y cafeterías puedan comprar a granel cerveza, harina, levadura, camarones, azúcar o aceite, entre otros insumos, con un 20% de descuento.
“Esta iniciativa es muy buena. Todavía no cumple las expectativas, pero esperemos que sí en un futuro”, dijo Baró, de 51 años, a The Associated Press al acudir al nuevo mercado mayorista para realizar los trámites de inscripción requeridos. Es propietario del paladar -como se denomina aquí a los restaurantes- “El Portal de Calzada”
La falta de un centro mayorista, largamente añorado por los emprendedores, impulsó la competencia de éstos con la población por los productos alimenticios y alentó un mercado negro. La pandemia profundizó una crisis preexistente que en 2019 se tradujo en el desabastecimiento de alimentos y combustible de la mano de un recrudecimiento de las sanciones del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
Aunque el gobierno cubano ha logrado mantener bajo control la pandemia con 2.775 casos positivos y 88 fallecidos hasta ahora, el coronavirus ha tenido efectos profundos en la economía. Según una estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el producto interno bruto de Cuba podría caer un 8% este año, desplome que se sumará a años de crecimiento casi nulo.
Instalado en el residencial barrio de Nuevo Vedado, con un gran cartel que reza “Mercabal” en su portal, el nuevo mercado mayorista ofrece a los emprendedores una docena de productos en pesos cubanos, o CUP, una de las tres monedas que circulan en la isla.
Las autoridades informaron que en los primeros cuatro días se suscribieron 213 contratos entre Mercabal y los emprendedores, y esta semana se abrió una segunda tienda de este tipo en la provincia oriental de Holguín.
“Es una experiencia positiva”, indicó a la AP Elba Zaldívar, de 59 años y dueña de una cafetería en Santiago de las Vegas, en las afueras de La Habana. “Pienso que en lo adelante haya más productos... Al final quien gana es la población”.
Por ahora están excluidas de la medida otras categorías de negocios, como por ejemplo los hostales o alojamientos.
A mediados de julio, junto con la tienda mayorista, las autoridades también autorizaron a los emprendedores la importación de insumos y la venta al exterior de productos a través de 36 agencias estatales, y volvieron a prometer que permitirían la legalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Además, anunciaron que se reactivará la conformación de cooperativas, se dará autonomía a las empresas estatales y se aceptará la participación de privados en proyectos de desarrollo local.
No se especificó si finalmente se permitirá a los profesionales algún tipo de ejercicio particular o las fechas para la instalación de las pymes y las cooperativas.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Marta Elena Feitó, anunció el jueves por la noche que las autoridades estudian también eliminar el listado restrictivo de categorías permitidas para ejercer en forma independiente —muy criticado por los emprendedores, pues los limita—, con el fin de dejar fluir la creatividad de los empresarios. No se ofrecieron detalles sobre su implementación.
“Las reformas van en el sentido correcto, pero no son todas las que se necesitan”, dijo a la AP Mauricio de Miranda, economista cubano y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en Colombia.
Pese a que algunos pequeños empresarios se mostraron optimistas por las medidas de apertura económica como el mercado mayorista, otros expresaron cautela porque ya han visto demasiadas idas y vueltas en el proceso de reformas económicas.
Los cambios comenzaron en 2010 cuando el entonces presidente Raúl Castro reconoció la necesidad de abrir espacio a la iniciativa privada para dinamizar una economía poco productiva y en crisis, en buena parte por décadas de sanciones estadounidenses para obligar al gobierno isleño a modificar su modelo político.
En aquel momento se abrió el mercado inmobiliario, se entregaron tierras en usufructo y se dio luz verde a miles de emprendimientos. También se autorizaron las cooperativas -paralizadas posteriormente- y se permitió a las personas ofrecer servicios al Estado.
De los 150.000 trabajadores independientes que había en todo el país en ese entonces se pasó gradualmente a un total de 613.000 este año, algo impensado tras décadas de férreo control estatal en la isla, donde la mayoría de los negocios y empresas estaban en manos del gobierno y el empleo era casi completamente en el sector público.
“¿Van a durar las medidas? ¿Son un parche temporal que después el gobierno va a echar para atrás, como ha hecho en otras ocasiones? Ése es el mayor miedo que tenemos nosotros”, reflexionó Camilo Condis, un contratista del Estado de 34 años.
Para los analistas está claro que el Estado cubano no abandonará el monopolio en sectores clave como la educación y la salud, y que las autoridades continuarán el modelo basado en la empresa estatal socialista para las grandes industrias.
De acuerdo con Miranda, es necesario un paquete de medidas “que se traduzcan en un incremento de la producción de bienes y de servicios, en el mejoramiento del ingreso y del empleo productivo”.
