Además de despenalizarse, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está garantizada y es gratuita en el sistema de salud público, donde se atiende un tercio de la población. Y tras su incorporación al programa médico obligatorio, el tratamiento también está cubierto por las mutuas médicas privadas y el sistema de obra sociales, los otros dos subsistemas de salud.
El sistema de salud ya debía estar preparado para garantizar el derecho al aborto legal, vigente desde 1921, para los casos de riesgo en la salud o la vida de la mujer o en caso de violación.
"Sin dudas habrá que iniciar un proceso de capacitación de les profesionales. Pero es importante decir que el aborto es una práctica mayoritariamente ambulatoria y que no requiere de ninguna guía ni protocolo para su garantía", explicó a Efe Laura Salomé, portavoz de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Sin embargo, el aborto sin causales ahora se pondrá a prueba en los tres subsistemas de salud y en las provincias más conservadoras del país.
"La ley desencadena un nuevo proceso en el sistema de salud que llevará su tiempo", dijo a Efe la directora bonaerense de Salud de la Mujer, Infancia y Adolescencia, Sabrina Balaña de Caro.
En el sistema público, el objetivo de la provincia de Buenos Aires, la más populosa del país, es ampliar el número de equipos de profesionales que brindan la IVE en la atención primaria (con sólo un 20 % de los equipos) y en los hospitales municipales, con mayor amplitud geográfica.
Según la funcionaria, la mayoría de las mujeres busca el aborto en el primer trimestre, lo que se puede atender en la atención primaria, ya que no requiere más que una ecografía, la atención clínica, el suministro de Misoprostol, la droga que provoca el aborto, que la mujer se lleva a su casa, y un folleto explicativo con las pautas de alarma ante las que tiene que volver al hospital.
Por lo pronto, en la provincia de Buenos Aires se aprobó una guía de implementación de la IVE para brindarles una herramienta de respaldo a los equipos de profesionales y para que la falta de información no fuera una excusa para no brindar la práctica.
Respecto de la objeción de conciencia del profesional de la salud, previsto en la ley, la guía bonaerense no lo hace extensible a los colaboradores -enfermeros, ecografistas, camilleros, anestesistas-. Insiste que es un derecho excepcional y recuerda que la mujer debe ser derivada a otro profesional o institución para garantizar la práctica hasta los 10 días de la solicitud.
Otro objetivo es que la guía se implemente en los prestadores del sector privado, aunque Balaña de Caro afirmó que parte de ese sector ya realizaba el aborto de alguna manera: "Había todo un mundo en el sector privado que sostenía la clandestinidad de la práctica" y "como eran la única opción cobraba cualquier dinero".
MUTUAS PRIVADAS y OBRAS SOCIALES SINDICALES
En el sistema de mutuas médicas privadas, que se contratan en forma voluntaria, afirmaron a Efe que ya se encuentran listas para cumplir con lo que dispone la nueva ley.
"El esquema de acceso ya está vigente con prestadores en condiciones de efectuar el procedimiento, siempre dentro del marco definido por la ley recientemente promulgada", explicó un portavoz del Grupo Swiss Medical.
Según afirmó, el protocolo de procedimiento ya existía y estaba alineado a lo previsto por ley, en tanto se utilizaba en casos de abortos espontáneos: "En este caso, el nuevo alcance de la ley se encuadrará dentro de esos mismos parámetros de acceso".
Un portavoz de OSDE agregó que la provisión de Misoprostol "depende de la disponibilidad de la industria farmacéutica".
Y coincidió en que el tratamiento estará cubierto en su totalidad para las afiliadas: "Supone un incremento en los costos en toda la cadena, no sólo en las financiadoras. La IVE es una práctica que hasta ahora no existía y a partir del lunes tiene que ser cubierta".
En el sistema de obras sociales sindicales, al que se accede por el aporte obligatorio de los empleados en relación de dependencia, se prevé incorporar la IVE como otra prestación, porque son financiadores del sistema y la mayoría no cuenta con sanatorios o clínicas propias.
"Las obras sociales sindicales no actúan de modo directo, sino autorizando o pagando esta prestación o cualquier otra", dijo a Efe Jorge Sola, portavoz de la Confederación General del Trabajo.
"Nos pondremos en línea con esa prestación, como cuando las obras sociales se hicieron cargo de la provisión de métodos anticonceptivos", agregó.
Ninguno de los prestadores, ni públicos ni privados, pudo estimar el aumento en las solicitudes de IVE que puedan generarse a partir de hoy.
"Entendemos que en un primer momento estas leyes hacen que aumente el número de abortos no por realidad, sino porque se hacen visibles. Hoy no son visibles", dijo Balaña De Caro. La provincia comenzó el año pasado un registro de interrupciones del embarazo, que arroja unas 8.000 prácticas hasta agosto pasado.
