siglo y convertir la crisis climática en una oportunidad para crecer de forma más sostenible.
"La emisión de CO2 debe de tener un precio", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la presentación de trece iniciativas legislativas con acciones concretas en el transporte, la energía, el mercado de emisiones de carbono o la biodiversidad.
El paquete normativo se llama "En forma para el 55" (Fit For 55), en referencia al compromiso de la UE de reducir en 2030 sus emisiones equivalentes de CO2 al menos en un 55 % con respecto a 1990 como paso intermedio para alcanzar la neutralidad climática en 2050: es decir, no liberar más dióxido de carbono del que pueda absorber el territorio comunitario.
Supone gran parte de la arquitectura legal de la transformación energética y climática en la que está inmersa la UE desde el Acuerdo de París de 2015 para que las temperaturas a final de siglo suban menos de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales.
Las propuestas tendrán que negociarse con los Estados miembros, representados en el Consejo, y con el Parlamento Europeo.
La Comisión advierte de que será una transición profunda y dura con grandes cambios estructurales en muy poco tiempo pero que, ligada al otro gran vector de futuro que explora Bruselas, la digitalización, generará más y mejores oportunidades para la UE, que en paralelo empieza a distribuir los fondos de recuperación inspirados en los mismos principios.
"De lo contrario, fallaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos porque si no arreglamos esto, en mi opinión, lucharán en guerras por el agua y la comida", aseguró el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans.
Además, el viaje de la UE hacia las renovables como principales fuentes de generación reducirá progresivamente su dependencia estratégica, pues actualmente importa el 60,7 % de su energía, esencialmente combustibles fósiles.
Precio al CO2
El amplio paquete legislativo consiste en gran medida revisiones o actualizaciones de normas existente que están interconectadas y representan un esfuerzo que la Comisión entiende que debe de abarcar a todos los sectores y ámbitos de la sociedad.
Pero existe una filosofía conductora, que es dejar de liberar dióxido de carbono, y uno de los pilares es la revisión para 2025 del mercado europeo donde se pone un precio por tonelada de CO2 emitida, el llamado sistema de comercio de emisiones ETS, que abarca a unas 10.000 plantas de consumo energético intensivo en la UE.
Bruselas quiere que el precio del CO2 se encarezca progresivamente y eliminar los permisos de emisión en diez años, mantener dentro del sistema la aviación doméstica e incluir a los barcos.
También planea que el ETS abarque el transporte y a la energía que consumen los hogares. Pero un posible incremento generalizado del precio de la factura de la calefacción genera inquietud, tras la oleada de protestas de los "chalecos amarillos" en Francia a partir de un impuesto climático al diésel percibido como lesivo para los más humildes.
Ayudar a hogares humildes
Por ello, la Comisión propone que el propio sistema ETS genere un fondo con 70.000 millones de euros en diez años para a ayudar a los hogares humildes, que gastan una mayor proporción de sus ingresos en calefacción.
El objetivo del ETS es incentivar a los productores de energía y combustible a transitar hacia tecnologías sostenibles en vez de ir pagando cada vez más por generar CO2.
Bruselas propone también un novedoso mecanismo para gravar en las fronteras de la UE ciertos productos cuya fabricación genere más CO2 del permitido dentro y una reforma de la fiscalidad energética.
Transporte
Otro de los grandes ejes de la propuesta es el sector del transporte, responsable de un cuarto de las emisiones de la UE.
La Comisión plantea elevar progresivamente la exigencia medioambiental a coches y furgonetas para que en 2035 solo se vendan motores no contaminantes. Quiere además incentivar el despliegue masivo de puntos de carga para dar un impulso definitivo al vehículo eléctrico, que actualmente representa el 10 % de las ventas.
Según la propuesta, la aviación comercial tendrá que ir mezclando progresivamente biocombustibles con el queroseno, carburante que tendrá un nuevo impuesto, y todos los barcos que atraquen en puertos comunitarios tendrán que usar combustibles menos contaminantes.
