Supremo de Estados Unidos para imponer con carácter inmediato una política de criterios de deportación de inmigrantes distinta a la dictada por su antecesor Donald Trump (2017-2021).
El Supremo desestimó la petición de la Administración de Biden y en su lugar, va a celebrarse una audiencia oral sobre la misma cuestión en el mes de diciembre. Por cinco votos en contra y cuatro a favor, la jueza conservadora Amy Coney Barrett se alió en esta ocasión con las progresistas a favor del Ejecutivo.
Presenta solicitud de amparo ante la Corte Suprema
Cabe recalcar que esta fue la primera votación en la que participó la magistrada Ketanji Brown Jackson, de momento la única jueza del Supremo designada a propuesta de Biden y que fue confirmada por el Senado en abril.
El Gobierno presentó una solicitud de amparo ante la Corte Suprema después de que a principios de junio un juez federal en Texas anulara las normas establecidas por el Ejecutivo demócrata para detener y deportar extranjeros, que dan prioridad a aquellos que suponen un peligro a la seguridad de Estados Unidos.
En esa ocasión, el magistrado Drew Tipton falló a favor de una demanda presentada por los estados de Texas y Luisiana, que buscaban precisamente dejar en pie las prioridades marcadas por Trump y que pusieron en la mira de la deportación a todos los indocumentados.
Tipton consideró que los criterios de la Administración demócrata no cumplían con los procedimientos administrativos y calificó su regla de prioridades de "arbitraria y caprichosa".
La disputa por las prioridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) comenzó en febrero de 2021 -ya bajo la Presidencia de Biden-, cuando se ordenó a los agentes dar prioridad a la detención y deportación de los inmigrantes considerados un peligro para la seguridad nacional y el orden público.