el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, tras denunciar que la "represión" poselectoral dejó al menos 20 muertos a manos de grupos armados afines al gobierno y fuerzas estatales.
"La Misión puede jugar un rol clave en la rendición de cuentas y mantener el escrutinio internacional en medio de la represión generalizada tras las elecciones del 28 de julio", indicó un comunicado de prensa divulgado por Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), suscrito por 30 organizaciones.
"Las fuerzas de seguridad venezolanas, así como grupos armados pro gobierno, conocidos como 'colectivos', han reprimido las manifestaciones contra el resultado electoral anunciado, generando reportes de más de 20 muertes de manifestantes y transeúntes", señaló el texto.
Las oenegés señalan que tras las elecciones presidenciales en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado vencedor en medio de denuncias de fraude, "los venezolanos se enfrentan a una brutal represión".
Es por esto que "la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca", añadieron.
El mandato de la Misión vence en septiembre de 2024.
El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgó la victoria a Maduro para un tercer mandato de seis años, desató protestas que dejaron 27 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, a los que Maduro tilda de "terroristas".
La oposición, por su parte, denunció fraude y reivindicó la victoria de Edmundo González Urrutia, nominado por la líder opositora, María Corina Machado, y quien se exilió en España desde el domingo luego de dictarse una orden de arresto en su contra.
González Urrutia es señalado por delitos como "conspiración", "instigación a la desobediencia de las leyes" y "sabotaje", luego que la oposición publicara actas de votación en un sitio web que avalan la victoria del diplomático de 75 años. El sitio es desestimado por el oficialismo.
Desde su creación, en septiembre de 2019 "para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos" cometidas desde 2014, la misión ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, violencia sexual, además de abusos contra manifestantes.
Un informe publicado en septiembre de 2023 indicó que Venezuela intensificó los "ataques al espacio cívico y democrático" para "silenciar la oposición o crítica" al gobierno. Las conclusiones de este documento fueron rechazadas por el gobierno al considerarlas infundadas.