Una regulación que activistas y víctimas creen que ayudará a reducir el número de ataques con ácido, aunque estiman insuficiente, sobre todo respecto a la rehabilitación médica de las mujeres, que suele tener un costo mínimo estimado en unos 50 mil dólares.
"Es un primer paso que creemos que reducirá los ataques con ácido, unas agresiones que les destrozan la vida para siempre", dijo Sunit Shukla, de la ONG Stop Acid Attacks, que ha lanzado una campaña de sensibilización sobre este problema.
El nuevo marco legal de la venta de ácido establece que las tiendas al por menor que comercialicen estos productos, como por ejemplo ácido sulfúrico, deberán tener existencias limitadas y registrar siempre los datos relativos a la identidad del cliente.
Los establecimientos deberán notificar a la comisaría de la zona en un plazo de tres días los datos de los compradores de químicos, cuya venta se prohíbe a menores de 18 años.
De lo contrario, los comercios serán sancionados con multas de hasta 50 mil rupias (838 dólares).
Los organismos que usen productos químicos de forma industrial, como instituciones educativas, hospitales y laboratorios deberán mantener un registro del uso de los mismos y notificarlo a una comisaría.
Además, estas instituciones tendrán que nombrar a una persona responsable de la posesión y seguridad del ácido, y asegurarse que nadie sale de las instalaciones con productos químicos.
El Supremo también dictaminó que el Gobierno deberá compensar obligatoriamente a cada víctima con 300 mil rupias (5.029 dólares), con un primer pago de 100.000 rupias (1.681 dólares) a realizar en los primeros quince días.
Las víctimas, sin embargo, creen que todavía se puede hacer más.
"Estamos contentas con la decisión del Tribunal Supremo de pagarnos 300.000 rupias, pero eso no va a ser suficiente para nosotras", afirmó Rupa, una joven que fue atacada con ácido por su madrastra en 2008 cuando tenía 14 años.
"Ya he gastado el doble de esa cantidad en 11 cirugías", dijo la joven, quien añadió que su familia vendió los terrenos que poseía para poder pagar su tratamiento médico.
Según el activista Shukla, el coste del tratamiento médico y las numerosas operaciones a las que debe someterse una mujer atacada con ácido asciende a un mínimo de entre 3 millones y 3,5 millones de rupias (50.029 dólares).
"La justicia es incompleta si solo mandan al atacante a la cárcel. El Gobierno debería hacerse cargo de todos los gastos médicos de las víctimas", aseveró.
El Tribunal Supremo anunció que en cuatro meses retomará la cuestión de las compensaciones, pero el activista dijo que la semana que viene presentarán una nueva demanda ante esta corte para que mejore la asistencia a las víctimas.
"Les ruego que se encarguen del tratamiento médico. El Gobierno dice que se hará cargo, pero solo lo dice, no lo hace", aseguró Laxmi, una joven que fue atacada con ácido cuando tenía 14 años en 2005 por un pretendiente frustrado.
Laxmi es precisamente la persona que interpuso la demanda judicial ante el Tribunal Supremo para cambiar la legislación y evitar que otras mujeres sufriesen la misma suerte.
La joven inició un rosario de operaciones tras el ataque -de ojos, orejas, cara, manos, nariz- que todavía no ve final y en el que su familia ha invertido ya más de un millón de rupias (16.600 dólares) sin recibir ningún tipo de asistencia.
La orden del Tribunal Supremo se emitió dos días después de que el Ejecutivo, a instancia judicial, presentara una serie de propuestas al respecto, con el objetivo de atajar el creciente número de ataques con ácido que se registran en el territorio.
El ácido es muy accesible en la India, donde el litro cuesta en torno a 30 rupias (medio dólar) y es utilizado generalmente para limpiar retretes o tuberías.