Los enviados españoles, encabezados por la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, tienen previsto llegar la noche de este domingo a Panamá, para sostener reuniones con el presidente de ese último país, Ricardo Martinelli.
Se prevé que en las conversaciones participe el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, y Manuel Manrique, el presidente de la firma Sacyr, la cual es una de las compañía que integran el Grupo Unidos por el Canal de Panamá (GUPC).
El grupo, en el que también participan la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA, advirtieron el pasado 30 de diciembre a la ACP que suspenderán las obras de expansión el 20 de enero si la entidad desatiende sus reclamos.
El grupo demanda que la autoridad reconozca 1,600 millones de dólares adicionales a los 3,221 millones de dólares establecidos en el contrato, debido a sobrecostos relacionados con supuestas fallas geológicas no detectadas por los estudios de la ACP.
El consorcio presentó a mediados de 2012 un reclamo por 585 millones de dólares y en diciembre pasado, presentó otra demanda por sobre costos, con la cual completó reclamaciones por 1,600 millones de dólares.
"Esta condición geológica no previstas por el GUPC y ACP ha alterado las condiciones técnicas originales bajo las cuales GUPC licitó y es por ello que el sobrecosto debe ser asumido por la entidad licitante", explicó José Peláez, uno de los ejecutivos del grupo.
Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá afirmó en un comunicado que "todos los interesados en el proyecto, incluido GUPC, tuvieron un amplio periodo de 14 meses antes de someter sus propuestas para estudiar con detenimiento todos los componentes de la obra".
Quijano afirmó que cualquier reclamo debe seguir los mecanismos establecidos en el contrato de 2009, por lo que ha descartado cualquier arreglo fuera de ese marco.
El diario La Prensa señaló este domingo que la reunión del lunes de Martinelli con Pastor representa una intromisión del Gobierno en asuntos canaleros, cuya autoridad regente goza de autonomía.
Martinelli "establece el antecedente de un mandatario que interfiere internacionalmente en los asuntos contractuales de la vía interoceánica", indica el medio.