Tomás Ramos, presidente de la Federación Venezolana de la Industria del Pan (Fevipan), precisó que “sólo se están vendiendo dos canillas (el pan más barato y popular) por persona”.
Destacó Ramos que actualmente la escasez de harina sobrepasa el 30 por ciento, así como una falta de otros productos para elaborar el pan, por lo que muchos temen que de no resolverse la crisis tendrán que dejar de producirlo.
“No podemos seguir operando en estas condiciones pues no tenemos trigo para elaborar el producto y el precio regulado nos obliga a trabajar a perdida, a pesar de que los costos para su elaboración se han incrementado debido a la inflación”, se quejó.
El dirigente gremial explicó que la escasez de harina comenzó en 2013, como consecuencia de los problemas laborales suscitados en los molinos ubicados en Puerto Cabello, en el central estado Carabobo, lo que hizo que se perdieran unos 410 mil sacos del producto.
Ramos agregó que “la Corporación CASA (distribuidora oficial de alimentos) importó unos cien mil sacos de trigo con el objeto de paliar la situación, pero la distribución del producto no ha llegado a todas las panaderías del país”.
Juan Crespo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Harina (Fetraharina), detalló por su parte que la situación en las industrias procesadoras de pastas es grave, ya que los inventarios se están agotando.
Afirmó que tres de las principales industrias del sector carecen de trigo para trabajar, y están a la espera de la autorización de liquidación de divisas, por parte del gobierno para reanudar la importación del insumo, el cual no se produce en Venezuela.
“Actualmente la industria trabaja con inventarios viejos, adquiridos a 6.30 por dólar pero el trigo que nos llegará en los próximos meses será a la nueva tasa de cambio, de 11.30, por lo que se hace necesario un ajuste en el precio del pan y las pastas”, advirtió.
Crespo recalcó que tanto los industriales del pan, como los de las pastas registran pérdidas millonarias que ya no soportan, por lo que sugieren al gobierno adecuar los precios de estos productos a la realidad nacional.