México tiene, después de Israel, el mayor índice de pobreza infantil dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), aseguró la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, y señaló que la comisión de desarrollo social analiza una iniciativa que establece la obligación de los tres niveles de gobierno a garantizar la protección y promoción de los derechos de los niños.
Recordó que los menores de edad en México sumaban 43.4 millones para enero de 2015, lo que significa que del total de la población, los infantes y adolescentes representan alrededor del 36 por ciento.
Pese a que se han impulsado programas sociales en bien de este sector, apunta el documento, mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que no se han dado avances sustanciales en el combate a la pobreza infantil.
“Las transferencias monetarias y subsidios, como el programa Prospera, han sido útiles, pero no logran resultados en el sentido de trascender el ciclo internacional de la pobreza para que los hijos de los mexicanos que viven en esta situación logren incrementar realmente sus oportunidades de tener un mejor nivel de vida”, acota.
De conformidad con un estudio coordinado entre el Coneval y el Unicef, en 2012, 21.2 millones de menores de 12 años vivían en condiciones de pobreza; de ellos, 4.7 millones se encontraban en pobreza extrema.
Según la Organización Mundial de la Salud, muchos problemas que sufren los adultos, como salud mental, obesidad, cardiopatías, además de conductas delictivas, una deficiente alfabetización y destreza numérica, pueden tener su origen en la condición de pobreza que padecen durante su infancia.
Garfias Gutiérrez explicó que esta enmienda tiene el propósito de alejar del asistencialismo y transformar radicalmente la política nacional, respecto a la garantía de los derechos de la niñez.
El nuevo ordenamiento aprobado en diciembre de 2014, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce las garantías previstas en el derecho nacional e internacional, y establece diversos mecanismos para aplicarlo.
Esto es, “las personas menores de edad no tendrán que reclamar sus derechos, sino que el Estado mexicano, a través de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus competencias y por medio de las políticas públicas, deberá asumir como una característica inherente de la niña, niño o adolescente, todos y cada uno de sus derechos, garantizando permanentemente el interés superior de la mujer”, concluye.