El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, dijo que “no es ni racional ni proporcional” la fianza que en materia jurídica se impuso a los jornaleros detenidos por el enfrentamiento en San Quintín, Baja California.
En entrevista, dijo que “una fianza como esta debe ser objetiva en razón del cumplimiento de una norma; no parece ni proporcional ni racional”, agregó al señalar que hay mecanismos judiciales para que pueda reconsiderarse.
Bucio Mújica recordó que la Ley Federal para Prevenir y Combatir la discriminación indica que los actos de discriminación cuando se califican no son objetivos, no son racionales y no son proporcionales.
Al comentar que en este caso el Conapred no puede intervenir debido a que hay una queja abierta por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó que ha dialogado con este organismo autónomo y le ha ofrecido el apoyo que requiera si hay discriminación.
Consideró que el asunto requiere “una atención especial por parte de las autoridades que van a dirimir el conflicto tanto en derechos laborales, como incluso ahora de acceso a la justicia, la detención y la fianza que han solicitado a los jornaleros agrícolas que fueron detenidos en las protestas”.
El titular del Conapred manifestó que estas personas viven una discriminación múltiple, pues casi todas son indígenas que están fuera de su territorio, no tienen igualdad de condiciones para negociar con los empleadores, y otras situaciones de vulnerabilidad que los pone en mayor riesgo.
“Históricamente ha sido un grupo que está en una desventaja en condiciones laborales, yo lo que espero es que esta situación ayude a regularizarlos, no pueden ejercer los derechos constitucionalmente reconocidos para todos”, opinó.
Por ello, Ricardo Bucio dijo que las autoridades federales y locales tienen la responsabilidad de impulsar y lograr hacer un acuerdo para mejorar las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas.
Por separado, el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, pidió la intervención del gobernador del estado ante el Poder Judicial local, para modificar las fianzas e instalar -con apoyo federal- una mesa de diálogo con los jornaleros y buscar una salida pacífica al conflicto.
Navarrete Ruiz dijo que es inaceptable que el Poder Judicial de Baja California, haya fijado fianzas de siete millones de pesos para obtener la libertad de los jornaleros detenidos; la resolución afirmó, “es arbitraria y exagerada, por lo que no puede ser aceptada”.
A su vez, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, calificó de insultante la fianza y consideró que ésta “tiene como objetivo intimidar a todo aquel que se pretenda organizar para defender sus derechos”.
El perredista dijo que se debe liberar a los trabajadores agrícolas detenidos, sin ninguna condicionante, abrir las mesas de diálogo y construir los acuerdos necesarios para atender sus peticiones, “porque la obligación de la autoridad es tutelar los derechos de los trabajadores”.