Urgen protocolos preventivos ante ciclones y huracanes

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El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (MC) propuso convocar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al Sistema Nacional de Protección Civil y a las autoridades de este sector en las entidades ribereñas a establecer protocolos preventivos, para enfrentar los efectos destructivos de ciclones y huracanes que iniciaron ya en los mares mexicanos.

A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, destacó la urgente necesidad de proteger la vida de la población y evitar daños a la infraestructura de las zonas costeras del país, a causa de los fenómenos hidrometeorológicos, mediante la difusión de medidas emergentes y oportunas.

El legislador apuntó que “México no es ajeno a este sistema destructivo. Esta situación prevalece, se mantiene como una constante y se agrava cada año”.

Refirió que la Conagua informó del inicio de la temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico, a partir del pasado 15 de mayo, y estimó que en el verano se registre un número de ciclones tropicales por arriba del promedio histórico que es de 14 para este litoral.

Desde esta perspectiva, dijo, este año se esperan en el Pacífico 19 ciclones tropicales; 8 tormentas tropicales; 7 huracanes fuertes de categorías 1 y 2, además de 4 huracanes intensos de categorías 3, 4 o 5.

En el litoral del Atlántico, que comprende el Golfo de México y el mar Caribe, se prevé ocurran siete ciclones, de los cuales 4 pueden ser del tipo tormenta tropical y tres huracanes.

El integrante de la Comisión de Infraestructura destacó, sin embargo, que aunque no es posible indicar con certeza cuántos de los ciclones tropicales previstos para 2015 podrían afectar a la República Mexicana, ni en qué fechas o con qué intensidad.

Hizo ver que se registrarán en el presente año los fenómenos de El Niño y Mar de Fondo, que actualmente genera patrones atípicos de oleaje en diferentes puntos de la costa del Pacífico. “Estamos en la imperiosa necesidad de exhortar a las autoridades a tomar medidas y establecer acciones inmediatas que permitan afrontar de la manera más favorable estos fenómenos de la naturaleza que se avecinan”, planteó.

La propuesta, remitida a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Permanente, resalta la importancia de informar a la población que reside en las zonas de mayor riesgo, a fin de orientarla con oportunidad sobre las medidas que deben tomar de forma precautoria, y no para resolver las contingencias después de haberse presentado los fenómenos naturales.

Samperio Montaño señaló que los ciclones que azotan los litorales del Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe provocan, prácticamente la mitad del año, una de las mayores pérdidas económicas, debido al incremento de los asentamientos humanos en zonas de riesgo y a la degradación ambiental producida por el hombre.

Por ello, se requiere en el corto plazo reducir la vulnerabilidad de esas regiones y mitigar los efectos de los ciclones y huracanes, mediante estrategias coordinadas de acción social e interinstitucional que permitan actuar sistematizadamente antes, durante y después de la presencia de una amenaza de esta naturaleza.

Comentó que el cambio climático es una de las principales causas del incremento de ciclones cada año, resultado de varios siglos de actividad humana, principalmente de la transformación y explotación por los recursos naturales, sobre los que nunca se previó su agotamiento ni el impacto que provocaría el desequilibrio medio ambiental.

Refirió que entre 1970 y 2014, los estados con más impactos de ciclones tropicales fueron Baja California Sur con 44; Sinaloa, 41; Quintana Roo, 39; Veracruz, 37; Tamaulipas, 34; Michoacán y Jalisco, 30; Colima y Guerrero, 27; Campeche y Chiapas 24; Yucatán y Oaxaca 21, y Sonora y Nayarit, 20.

Apuntó que ante la inminencia de que ocurra un desastre natural, y en el marco del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, debe consensuarse, sistematizarse y aplicarse coordinadamente las acciones emergentes que permitan responder de forma inmediata a las necesidades urgentes de la población para la protección de la vida y la salud, alimentación, suministro de agua y albergue temporal.

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