El secretario de la Comisión de Gobernación, diputado Chris López Alvarado (PRI), propuso exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que vigile el adecuado reparto de utilidades en el país, toda vez que numerosas empresas se valen
de argucias legales para evadirlo, lo que significa un revés a los derechos y a la economía de los trabajadores.
Detalló que, para las empresas, el plazo para la entrega de utilidades es del 1 de abril al 30 de mayo, y para las personas físicas del 1 de mayo al 30 de junio, “lo que significa que estamos en plena temporada de su pago”.
En un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, refirió que hasta el año pasado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó a 270 trasnacionales que realizaron planeaciones fiscales agresivas, como trasladar a otros países o jurisdicciones las utilidades generadas aquí, para pagar menos Impuesto Sobre la Renta (ISR) e, incluso, no pagarlo.
López Alvarado dijo que si bien representan menos del 2 por ciento de las 16 mil empresas consideradas grandes contribuyentes, por su tamaño obligó a la realización de auditorías informales a siete trasnacionales, para mandar un mensaje a aquellas que no han sido detectadas por realizar planeaciones fiscales agresivas.
Subrayó que, de acuerdo con las centrales obreras, el número de compañías que otorgan el reparto de utilidades está disminuyendo. Durante 20 años, por lo menos 80 por ciento las otorgaban y, en 2012, únicamente lo hizo el 20 por ciento.
Explicó que los empresarios recurren a argucias legales para no pagarlas, pese a que tienen producción, crecimiento y generación de utilidades, y contratan para ello a despachos contables con mucha experiencia.
El diputado Chris López mencionó que otro fenómeno que inhibe el pago de utilidades son las empresas terciarias o de outsourcing, las cuales evaden todas las prestaciones y derechos que tienen los trabajadores, “situación que está en vías de ser solucionada tras la aprobación de la reforma laboral de 2012”.
Afirmó que las funciones de vigilancia de la autoridad resultan indispensables para asegurar el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los trabajadores, evitando así que empresarios inescrupulosos se valgan de trampas para evadir sus responsabilidades.
De ahí, expresó en el punto de acuerdo enviado a la Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Permanente, la importancia de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigile el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país.