*Cede a chantajes para beneficios políticos
El anuncio de la Secretaria de Educación Pública (SEP) de suspender “indefinidamente” la evaluación magisterial y luego dar marcha atrás a esta decisión un día después de las elecciones dejó en evidencia que el talante reformador del gobierno de Peña Nieto está lejos de apoyar un proyecto de transformación del país, coincidieron en señalar analistas políticos.
Agregaron que si una medida tan importante como es la evaluación docente puede quedar a disposición de presiones políticas inmediatas, resulta cuestionable el verdadero compromiso del gobierno con la reforma, afirmó Carlos de la Rosa, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo, (CIDAC).
Esta decisión, dijo, también sugiere que el gobierno federal está dispuesto a sacrificar un modelo educativo eficaz de largo plazo, que supuestamente era el objetivo de la reforma de 2013, con tal de obtener beneficios de corto plazo; en este caso, no asumir los costos políticos de un enfrentamiento con los maestros de cara a las elecciones del pasado 7 de junio.
Esta decisión del Ejecutivo compromete el respeto de la legalidad, desvanece la credibilidad del gobierno y pone en tela de juicio la estabilidad y viabilidad de las otras reformas en el mediano y largo plazo, explicó.
A más de dos años de la promulgación de la reforma, el actuar gubernamental ha demostrado que la agenda educativa está lejos de ser una prioridad de gobierno y que la implementación de la reforma está cada vez más en entredicho. La interpretación de la medida de suspender la evaluación docente fue que el gobierno efectivamente buscó apaciguar a los maestros para garantizar la realización de los comicios.
No obstante, la apuesta del gobierno resultó ineficaz ya que no impidió el despliegue de fuerzas federales desde el día previo a la elección y a lo largo de la jornada electoral. La suspensión de la evaluación no tuvo un efecto importante en la organización coordinada y violenta del sector magisterial, ya sea por la falta de credibilidad del anuncio o porque la intención de boicotear las elecciones obedece a objetivos mayores.
Pasadas las elecciones, el Secretario de Educación Pública anunció que se reanudaría la evaluación docente y el gobierno suspendió el pago a los maestros inconformes hasta que regresaran a las aulas. Con ello, pareciera que el gobierno envió el mensaje que está dispuesto a hacer cumplir la ley e incluso a endurecer su negociación con el sector magisterial. Sin embargo, esto se ha dado toda vez que ya pasaron los comicios y que ya no está sujeto a posibles costos electorales por usar la fuerza para garantizar los comicios, por llevar a término una reforma tan importante, o más concretamente, por gobernar, dicen investigadores del CIDAC.
El principal problema de la estrategia de este gobierno, afirman, que parece ceder ante el chantaje para beneficiarse políticamente en lugar de privilegiar la implementación de las reformas, es que provoca un desgaste en su credibilidad. La magnitud de este debilitamiento podría ser visible a medida que se acerquen los siguientes eventos de conflicto, como la Evaluación del Desempeño Docente en septiembre de 2015 y febrero de 2016, en la cual se evaluará a 295 mil profesores de nivel básico.
De este panorama también surgen cuestionamientos para los especialistas en el tema acerca de la implementación del resto de las reformas estructurales. ¿Cuál será el destino de la reforma energética, de telecomunicaciones, competencia económica, social y hacendaria, anticorrupción, laboral y transparencia? ¿Estarán también sujetas a los intereses de las siguientes elecciones de 2016 en donde se renuevan 12 gubernaturas? Resulta difícil otorgar garantías de compromiso con las reformas cuando la estrategia de la presente administración es no ser gobierno en tiempos adversos al privilegiar objetivos políticos de corto plazo por encima de los beneficios de largo plazo, concluyeron.