Paola Sofía Vázquez Sánchez, abogada por la UNAM e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), respaldó que de acuerdo a la Ley de Movilidad del Distrito Federal los servicios que se ofrecen a través de las empresas como Uber y Cabify son ilegales y subrayó que estos servicios se convierten en públicos al momento de perseguir un fin lucrativo, por lo que a todas luces es un servicio público de transporte y el Gobierno tendría que estar actuando conforme a la ley.
“Hay una dicotomía en el análisis de la Ley de Movilidad en la que especifica qué es público y qué es privado. El servicio privado bajo el cual estas empresas se están respaldando pierde validez al perseguir un fin de lucro porque así lo especifica la ley, salvo el día que regalaron viajes, entonces, en tanto tiene fines de lucro entra en la categoría de servicio público. Si hay ilegalidad en su operación en tanto no sean regulados, por lo tanto el gobierno tendría que actuar apegado a la ley”, puntualizó.
Al respecto, Ana Paula Blanco, directora de comunicación de Uber para América Latina negó que el servicio que se brinda a través de la plataforma de Uber sea público e ilegal al tiempo que aseguró que la legislación mexicana funciona con lagunas por lo que la empresa continuará operando de forma normal.
“El tema de la regulación es importante porque quitaría las lagunas grises que existen en la Ley de Movilidad mientras tanto continuaremos operando puesto que la legislación mexicana así funciona, en términos generales lo que no está prohibido está permitido y en función de eso la actividad que prestamos continuará operando”, indicó.
Sin embargo, la representante de Uber añadió que dependerá del tipo de condiciones bajo las cuales se realice una regulación para estas empresas, que la compañía definirá si se regula o no, como ya ha ocurrido en otros países donde han determinado salirse del negocio al serles exigida la regulación y ser un servicio de transporte.
En este sentido, Ricardo Weder, CEO de Cabify en México señaló que la regulación deberá contemplar el pago de un permiso que les dé la oportunidad de operar en nuestro país ya que el hablar de concesiones implica satisfacer otro tipo de intereses.
“Un permiso que sea libre, anual, con una libre entrada y salida de unidades durante el año. Creo que lo justo es eso porque las concesiones al ser cerradas genera otro tipo de intereses pero estamos abiertos a pagar los derechos y requisitos que sean necesarios mientras sea justo y en beneficio de los ciudadanos”.
En entrevista mientras se llevaba a cabo el debate, José Ramón Amieva Gálvez, consejero jurídico del Distrito Federal fue cuestionado sobre la ilegalidad de los servicios de Uber y Cabify y la postura del Gobierno Capitalino al respecto, a lo que se limitó a contestar que esperarían a que concluyeran las mesas de trabajo para definir la normatividad que corresponda para la inclusión de la tecnología y a estos servicios de transporte.
“Vine aquí a escuchar este debate y mañana estaremos en las mesas y ahí acompañare a todo este ejercicio integral, lo que haya dicho la abogada o el secretario de movilidad es a título propio”, respondió cuando se le preguntó por qué el Gobierno de la Ciudad sigue consintiendo a estos servicios cuando a todas luces es ilegal.
Por su parte, Rufino León dijo tampoco dijo nada nuevo ni congruente con la ley, por el contrario, repitió que "hay cosas en la ley que no son ilegales y que por taanto se pretende regular".
Al debate acudieron especialistas en movilidad y tecnología quienes insistieron en que el Gobierno del Distrito Federal deberá realizar una regulación urgente que incluya tanto a taxistas como a los servicios de Uber y Cabify para generar una “azotea pareja” en beneficio de los ciudadanos.
Daniel Medina, vocero de la agrupación Taxistas Organizados de la Ciudad de México, por su parte, reiteró que existe una manipulación clara por parte del Gobierno del Distrito Federal para llevar a cabo la regulación de estas empresas e incluso llevar el tema a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:
“Se propone de manera muy puntual una regulación por lo que insistimos en que hay dados cargados para legalizar algo que por ley es ilegal y de ser así impugnaremos lo que haya que impugnar si no se respeta la Ley de Movilidad y los ordenamiento a partir de la Constitución”.
Ignacio Rodríguez, el otro vocero de TOCDMX, resaltó que “el debate no fue inclusivo ni de carácter resolutivo por lo que vamos a continuar con el análisis y con la discusión pero de ninguna manera permitiremos que se regule algo que por ley es ilegal y si les quieren permitir trabajar, entonces que se apeguen al marco regulatorio para transporte en la Ciudad de México”, finalizó.
El debate digital "Tecnología y movilidad en la Ciudad de México" se llevó a cabo en las instalaciones del Laboratorio de la Ciudad de México con la presencia de Paola Sofía Vázquez Sánchez, abogada de la UNAM e investigadora del CIDE; Manuel Molano, subdirector del IMCO; Xavier Treviño, director del ITDP; Emilio Saldaña, experto en movilidad y nuevas tecnologías, además de la presencia de Ana Paula Blanco, directora de comunicación de Uber para América Latina y Ricardo Weder, CEO de Cabify en México.
Al evento asistieron también Daniel Medina e Ignacio Rodríguez por parte de TOCDMX y Rubén Alcántara y Felipe de la Cruz por parte de Taxistas Unidos contra la ilegalidad.
Antes del debate, Francisco Cornejo, en representación de los Taxistgas Organizados de la Ciudad de México, dijo que "se sacaron de la chistera este debate digital con el único objetivo de que nosotros legitimemos la operación ilegal, tanto del GDF como de las empresas mencionadas. Pero nosotros hoy no venimos a legitimar nada, por el contrario, venimos a hacer uso de un espacio que nos corresponde para decir lo que nos asiste en derecho".
Agregó que "este debate está cargado del lado de Uber desde el mismo gobierno del Distrito Federal y del Laboratorio de la Ciudad, como lo dimos a conocer ayer".