Con el objetivo de mejorar las prácticas de seguimiento y evaluación del desarrollo nacional, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD) plantea establecer un sistema de indicadores estadísticos y
análisis del desempeño de las políticas de desarrollo, que ayude en la toma de decisiones del Senado.
En una primera fase de este proyecto, realiza un análisis de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que por primera vez fueron incluidos en este documento de planeación. “Los planes de desarrollo anteriores solo definían los ejes a seguir y se dejaba la tarea de especificar indicadores de seguimiento a los programas nacionales, sectoriales y por dependencia”, especifica el IBD.
Reporta que una valoración inicial permite detectar limitaciones en la planeación, selección de indicadores y en los mecanismos de seguimiento.
“Destacan la imprecisión en la alineación entre metas nacionales, objetivos específicos, estrategias, líneas de acción e indicadores, así como la falta de líneas base y metas en el propio PND que especifiquen el nivel de cambio que se quiere alcanzar”.
La estructura del Segundo Informe de Ejecución del PND, emitido de acuerdo con lo establecido por el artículo 6º de la Ley de Planeación, no permite distinguir las acciones realizadas y los resultados obtenidos. “Consiste principalmente en una larga enumeración, sin jerarquía alguna, de acciones gubernamentales”, lo que limita su utilidad para dar seguimiento y evaluar el avance de las políticas de impulso al desarrollo, señala el IBD.
En sus consideraciones finales, el IBD señala que la mayoría de los indicadores seleccionados intenta medir fenómenos económicos y sociales complejos, como la globalización, la competitividad económica o la calidad de la educación, sobre cuya definición y medición existe un amplio debate.
En algunos casos se seleccionaron indicadores cuya disponibilidad de información es irregular e inoportuna; asimismo “en el PND no se especificaron las líneas base (punto de referencia inicial) de los indicadores, ni los valores deseables de logro (metas cuantificables) para evaluar el desempeño de la actual administración”.
Con respecto al Segundo Informe de Ejecución, el estudio del IBD establece que “en el informe se reportan predominantemente acciones de gestión, como las de financiamiento público o los cambios legales, y no de resultados”.
Agrega: “la presentación de las acciones en el informe de ejecución dificulta la distinción de las actividades que son verdaderamente relevantes para el desarrollo nacional, de aquellas que son secundarias o coadyuvantes en el cumplimiento de los objetivos”.
La investigación del IBD concluye que estas deficiencias reducen y limitan la utilidad del informe de ejecución como un instrumento de seguimiento y de rendición de cuentas.
Retoma conceptos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para señalar que los indicadores deben ser específicos, medibles, asequibles, pertinentes y relevantes, limitados en el tiempo y económicos, monitoreables y tener un aporte marginal.