Al encabezar la presentación de los centros de justicia penal en cuatro estados, los consejeros Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera, José Guadalupe Tafoya Hernández y Martha María del Carmen Hernández
garantizaron que en junio de 2016 el nuevo sistema operará en todo el país.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) puso este lunes en operación cuatro Centros de Justicia Penal Federal en los estados de Baja California Sur, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro, con lo que se da vigencia al nuevo sistema de justicia penal.
Afirmaron que de esta forma, a poco más de 10 meses de cumplirse el plazo para implementar el nuevo sistema, el Poder Judicial de la Federación, se declara preparado para hacerlo en condiciones óptimas y cumplir en tiempo y forma con su obligación.
A su vez, el CJF detalló que con estos eventos, en las cuatro entidades federativas se formaliza la entrada en vigor de la tercera fase de implementación del nuevo sistema de justicia penal, que inició a las 00:00 del pasado 1 de agosto.
Precisó que ya habían puesto en operación los Centros de Justicia Penal Federal en Durango, Puebla, Yucatán y Zacatecas. Hoy se agregan los correspondientes a Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, sumando ocho en total.
Así, el CJF cumple con su compromiso constitucional y con la demanda de una justicia más profesional, transparente y pronta al dar paso a la cuarta etapa de implementación en noviembre próximo, previa definición de las sedes de los nuevos centros por parte del Poder Judicial de la Federación, subrayó.
Esto en colaboración de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR), que solicitarán al Congreso de la Unión la declaratoria de inicio y su respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Al presentar el Centro de Justicia Penal Federal en Baja California Sur, el consejero Alfonso Pérez Daza indicó que el Poder Judicial de la Federación no es ajeno al momento que experimenta la confianza de la sociedad mexicana en sus instituciones, desazón no debe alcanzar a los tribunales federales.
“El único elemento capaz de reconciliar a una sociedad que se siente agraviada por el delito, con su gobierno, es la credibilidad en el Estado de derecho”, sin éste, “los ciudadanos y sus familias son desplazados por la incidencia delictiva y la vida económica se afecta”, aseveró.
Acompañado por la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow, dijo que el CJF ha diseñado un sistema competente de impartición de justicia, y ha seleccionado y capacitado a sus operadores.
A su vez, el consejero Manuel Ernesto Saloma Vera, al encabezar la ceremonia de presentación en Guanajuato, explicó que el cambio de sistema es el más relevante en la justicia penal desde la Independencia de México, debido a que subsiste el juicio como columna vertebral.
Sin embargo, se incorporan otras vías de solución, entre ellas los mecanismos alternativos de solución -mediación y conciliación-, en los que se privilegia la presunción de inocencia e igualdad entre imputado y víctima; así como es prioridad la reparación del daño, agregó.
Por su parte, al presentar el Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, el consejero José Guadalupe Tafoya Hernández destacó que la jurisdicción territorial de los juzgadores del mismo comprenderá a la totalidad de los municipios del estado.
Resaltó que la Oficialía de Partes de este Centro de Justicia Penal Federal, como la totalidad de los que entran en funcionamiento, tendrán abiertas sus puertas las 24 horas y todos los días del año para la recepción, registro, turno y envío de los asuntos.
Los ciudadanos deben saber que contarán con una expedita y eficiente impartición de justicia federal a quienes toquen sus puertas ante un conflicto legal, puntualizó.
Tafoya Hernández, quien preside la Comisión de Carrera Judicial, abundó que el CJF ha estimado que para implementar este sistema en todo el país, en el ámbito federal, necesita de poco más de 205 juzgadores, incluidos los que tendrán la responsabilidad de administrar cada centro de justicia.
En San Luis Potosí, la consejera Martha María del Carmen Hernández sostuvo que la filosofía en la implementación de este sistema es actuar con responsabilidad y transparencia, además de consolidar el respeto a los derechos humanos con la actuación diáfana de los jueces federales.