Ocho personas que habían adoptado bebés de manera fraudulenta fueron arrestadas por presuntamente pagar hasta 8.800 dólares a un funcionario mexicano que aún está prófugo, informó el martes el fiscal de Sonora, un estado
fronterizo con Estados Unidos.
El jueves pasado la fiscalía de Sonora liberó órdenes de aprehensión contra 16 personas, entre ellas contra Vladimir Arzate, subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor, quien pedía a parejas para "agilizar los trámites de adopción", dijo Carlos Navarro.
Los ocho detenidos están entre las otras catorce personas contras las que se liberaron ordenes por presuntamente pagar para obtener uno de los nueve bebés traficados, indicó Navarro, quien precisó que tres de estos menores han sido encontrados por la fiscalía.
Las autoridades también giraron órdenes de aprehensión contra el médico corrupto que expedía los certificados de nacimiento falsos.
Los bebés eran entregados a supuestos padres adoptivos inmediatamente a después salir del vientre de sus madres con un certificado de nacimiento falso, en el que figuraban como progenitores biológicos, con el que posteriormente obtenían el acta de nacimiento oficial del menor.
Los detenidos han mostrado la actitud de cualquier "padre amoroso, en todo momento cooperaron con la investigación, nunca se condujeron como clásico delincuente", apuntó el fiscal.
En la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Sonora se llevan a cabo los trámites de adopción y se les da seguimiento a las madres embarazadas en situación de alta vulnerabilidad, por pobreza o adicción a narcóticos.
Arzate "se aprovechó" desde 2011 de que "tenía información de las parejas que querían adoptar y también las mujeres que en estado de vulnerabilidad iban a dar a luz", indicó el fiscal, quien comenzó a investigar el caso en marzo, a raíz de una denuncia anónima.
Algunas de las madres de los bebés eran mujeres "que no querían" a sus hijos, pero no existe registro o pistas que apunten a un acuerdo entre los padres adoptivos y las mamás, añadió el fiscal.
Hasta ahora, las autoridades han identificado a nueve menores registrados de manera irregular, pero no excluyen que pueda haber más casos.