Académicos y organizaciones de la sociedad civil analizan junto a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar que ésta incluya los más altos estándares en derechos
humanos.
En un comunicado, la CDHDF informó que hasta ahora se han escuchado opiniones de académicos como Miguel Sarre, del ITAM, y Elena Azaola, del CIESAS, así como de representantes de Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social; Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur y México Evalúa.
También las propuestas del Centro de Análisis de Políticas Públicas; Instituto de Derechos Humanos y Democracia; Culpables Sin Evidencia, y estudiantes de la UNAM y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
La comisión adelantó que estas reuniones de análisis continuarán, para preparar propuestas y observaciones que se entregarán al Senado de la República, “con la confianza de que serán tomadas en cuenta”, en favor de la dignidad de las personas.
“La promulgación de la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un avance en la operatividad de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2011”, agregó.