El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, expresó que resulta contradictorio que mientras se presume una supuesta reducción de tarifas eléctricas, la Comisión Federal de Electricidad registre dos mil 273 quejas mensuales.
El legislador declaró que la principal queja de los usuarios es que la empresa “se niega a corregir errores de cobro o de estimación, así como cobros de cuotas extraordinarias que la gente simplemente no entiende o desconoce”.
Declaró que de acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la llamada Empresa Productiva de Estado acumuló de enero a septiembre del presente año 22 mil 731 quejas.
Cuestionó el papel de la Profeco, pues pese a tal cantidad de reclamaciones, apenas ha impuesto 185 multas a la empresa dirigida por Enrique Ochoa Reza, por un total de 7 millones 21 mil 298 pesos que, “siendo honestos, no representan nada para CFE”.
Es de llamar la atención que mientras el gobierno federal mantiene una amplia campaña publicitaria destacando que bajó el costo de la energía eléctrica, haya tanta queja de parte de los usuarios.
Por lo anterior, adelantó que promoverá un punto de acuerdo para que el titular de CFE informe detalladamente cuánto en realidad se ha reducido la tarifa eléctrica y por qué tantas quejas y, sobre todo, qué hace para solventar los reclamos de los usuarios.
Recordó que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al menos se tienen seis años de trabajo con miles de usuarios que se ven afectados por los cobros excesivos que “de un día para otro –dijo- pasan de 300 o 400 pesos bimestrales a dos mil, tres mil, seis mil, 20 mil pesos o hasta más”..
Declaró que pese a sostener reuniones con Ochoa Reza y llamarlo a tener sensibilidad social, “el funcionario hizo oídos sordos ante los reclamos” y la única alternativa que daba a los usuarios era “o pagas o pagas”.
Más que alguna explicación, la CFE multiplicó los cortes de luz e implementó una política de amedrentamiento para obligar a los consumidores a saldar los altos adeudos, dejándolos en la disyuntiva de pagar o comer, mencionó.
Los cortes, añadió, se hacían de manera indiscriminada sin importar que se tratara de personas de la tercera edad o enfermos que estuvieran conectados a un aparato que necesitara electricidad para su funcionamiento, poniendo en riesgo sus vidas.
Por su fuera poco, indicó, por medio de empresas intermediarias llegaba a los domicilios a cortar la energía eléctrica e, incluso, en ocasiones los usuarios se quejaron de que llegaban acompañados de la fuerza pública.