La secretaria de la Comisión de Seguridad Social, diputada Beatriz Vélez Núñez (PRI), propuso solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR), instaure una unidad especializada que investigue y persiga los delitos en contra del personal de salud,
magisterio y demás trabajadores al servicio del Estado.
Indicó que a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, la inseguridad aún daña profundamente a las instituciones, a sus trabajadores y demás personal, pues la violencia continúa y, de acuerdo con el Reporte Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos, la producción de drogas ilícitas crece.
Actualmente la delincuencia acosa y violenta a los trabajadores al servicio del Estado, magisterio y personal de salud, pues “existen casos, aunque muy pocos de ellos denunciados, de extorsión e incluso de secuestro de médicos, para atender a narcotraficantes heridos de bala”.
Vélez Núñez mencionó que los profesionales de la salud se encuentran todo el día expuestos por las actividades de su profesión, como el traslado urgente de pacientes de una unidad a otra, sin ningún tipo de seguridad o, bien, el transporte de suministros e insumos a las unidades médicas más alejadas.
“Muchos sufren cosas aún peores, como amenazas para sus familiares, al conocer sus rutas diarias, e incluso se convierten en víctimas por haber atendido a alguien que los sicarios querían asesinar de manera directa”.
La diputada indicó que los estados en que es más peligroso ejercer la profesión médica son: Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Chihuahua y Tamaulipas.
En dichas entidades, expuso, se han dado levantamientos, violencia física y ejecuciones, no sólo en hospitales a cargo de la Secretaría de Salud, sino también en los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e incluso hasta de universidades.
Respecto a los profesores, dijo que ellos también han iniciado actividades para frenar la inseguridad a la que están expuestos diariamente, pues “hace poco 200 maestros marcharon en Acapulco para exigir seguridad en sus escuelas, y 100 colegios se encuentran en paro y en constante comunicación con las autoridades de la Secretaría de Educación de Guerrero para solicitar operativos de seguridad”.
Mencionó que diversas encuestas detallan que, tanto los maestros como los padres de familia, consideran que en los últimos 12 meses ha aumentado el riesgo que corren los alumnos alrededor de los planteles. “Por ello, la educación se ve detenida por la inseguridad que vive el país”.
La diputada Beatriz Vélez destacó que es necesario hacer visible este tipo de problemática y exigir a las autoridades tomar cartas en el asunto; en particular, la inmediata intervención de la PGR para crear una unidad especializa en delitos contra personal de salud, magisterio y demás trabajadores al servicio del estado.