La Ley General de Víctimas es inoperante: por burocracia y ataduras ha destinado sólo tres por ciento del fondo para ayudar a víctimas de delitos como secuestro, trata de personas, desaparición forzada o acoso sexual, por lo que debe ser reformada, señalaron senadores y
víctimas de estos ilícitos, durante las audiencias públicas: “Evaluación en la aplicación de la Ley General de Víctimas”.
Explicaron que la Ley necesita ser expedita, fácil en su aplicación y vinculante, es decir que los derechos de las víctimas sean preponderantes en los códigos de procedimientos penales estatales; así como crear una cultura sobre los derechos de las víctimas en policías, fiscales, ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros.
La presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara alta, Cristina Díaz Salazar, reconoció que las víctimas de dichos delitos sufren un viacrucis para obtener una atención de parte de las autoridades estatales.
“El sistema de justicia debe fortalecerse, pero no sólo en la parte legal, sino en la capacitación y en la sensibilidad para dar respuesta a las necesidades y demandas”, comentó.
Dijo que actualmente la atención a víctimas deja mucho que desear, y urge establecer adecuaciones a fondo a la Ley General de Víctimas; además, es necesario revisar el Código Nacional de Procedimientos Penales y las funciones y obligaciones del ministerio público.
Por su parte, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, dijo que mientras las víctimas no sean el centro del sistema de la reforma judicial, seguramente fracasará; además de que los procesados y delincuentes se han apoderado de los fondos del Comité de Atención a Víctimas, y de los derechos de la Ley de Víctimas.
Al 31 de octubre, detalló, el Comité Ejecutivo contaba con mil 028 millones de pesos para medidas de ayuda inmediata y reparación de daños, sin embargo, sólo tres por ciento (33 millones de pesos) fueron destinados a víctimas; distribuidos de la siguiente manera: 1.1 millones para pago de honorarios fiduciarios; 600 mil pesos en reembolsos para gastos funerarios y de alimentación a víctimas.
Así como 29.7 millones de pesos en pago de reparación integral de víctimas directas e indirectas; y 1.5 millones de pesos para pago de ayudas en el caso de Ayotzinapa. Con la mayoría de los recursos sin moverse de la cuenta bancaria, el Comité obtuvo 24.7 millones de pesos por intereses, refirió.
Señaló que las víctimas siguen sin obtener respuesta, ayuda, justicia y equilibrio en el proceso; y continúan siendo olvidadas, y así se interpreta en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, donde al rubro de víctimas se le destinó el menor presupuesto, dijo.
Miranda de Wallace entregó a los senadores una carpeta con propuestas para reformar la Ley General de Víctimas, entre las que se encuentran: destrabar los mecanismos para entregar el fondo y crear indicadores para medir la eficacia de la Ley.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, informó que diversos senadores han recibido reclamos de las asociaciones civiles por las instancias que quedaron encargadas para atender a las víctimas; y han solicitado replantear la ley y revisar procedimientos para hacerla eficiente.
Abundó en que el Fondo de Atención a Víctimas recibió del Presupuesto de Egresos de la Federación un presupuesto mayor al de otras instituciones; “entonces, requerimos que ese fondo funcione, porque, además es el único fondo que está inscrito para atención a víctimas”, dijo.