La Comisión de Seguridad Pública que preside el diputado Miguel Ángel Yunes Linares (PAN), aprobó cuatro puntos de acuerdo dirigidos a diversas dependencias federales y locales; entre ellos, un exhorto a la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión
Nacional de Seguridad (CNS) para que revisen e intensifiquen políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar la violación de los derechos humanos de los internos.
Además, para que mejoren las condiciones de ingreso y estancia, así como incrementar las supervisiones en los centros de reinserción social del país, estatales y federales.
El punto de acuerdo impulsado por la diputada Soralla Bañuelos de la Torre (NA), resalta que en dichos centros se presentan de manera recurrente violaciones a los derechos fundamentales de los internos como: hacinamiento, sobrepoblación, servicios de salud insuficientes, trato degradante, déficit en la estructura de trabajo, educativo y actividades deportivas, así como ausencia de programas preventivos a las adicciones y desintoxicaciones.
De acuerdo al “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014” publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los Centros Penitenciarios, las acciones implementadas para prevenir estos hechos de violencia son deficientes, ya que durante 2014 hubo mil 713 casos, de los cuales 993 ocurrieron en centros estatales, 740 en federales y 4 en prisiones militares.
Aunado a ello, existe una gran cantidad de centros de reclusión que presentan deficiencias relacionadas con la falta o insuficiencia de personal técnico para la aplicación del tratamiento individualizado que requiere cada interno.
Dicho reporte se realizó tras la visita a 130 centros estatales considerados los más poblados del país que albergaban, hasta diciembre de 2014, una población de 195 mil 329 internos, además de la inspección a 20 prisiones federales y algunas militares.