La presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México, Margarita Rojas Olvera, informó que actualmente la institución tiene un acumulado de 97 mil conflictos entre particulares.
Al participar en la mesa de trabajo “Retos en materia laboral rumbo a la Constitución de la Ciudad de México”, la funcionaria comentó que es un asunto de recursos, porque en la capital se reciben aproximadamente 30 mil demandas al año.
Durante su ponencia realizada en las instalaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), destacó que de esas quejas laborales, la JLCA resuelve 25 mil, aunque cada año se rezagan cinco mil casos, porque no hay capacidad para resolver tantos, pues apenas se cuenta con un personal de mil 120 personas.
Precisó que las 97 mil demandas individuales en su mayor porcentaje tienen que ver con despidos injustificados; al tiempo que hay dos mil de carácter colectivo referentes a emplazamientos a huelga o de titularidad de contratos colectivos.
Sostuvo que para solventar los conflictos laborales, se debe partir de la prevención, lo que actualmente es muy difícil porque apenas existen 17 inspectores en la Ciudad de México.
Además, expresó que se debe contemplar una mayor autonomía a las juntas locales de conciliación y arbitraje, porque actualmente es el Ejecutivo el que tiene la facultad de nombrar a los presidentes.
La independencia se debe plasmar en la constitución en la Ciudad de México, insistió, sobre todo para garantizar la imparcialidad en las resoluciones.
Además, propuso la creación de un Tribunal Especial para abordar los conflictos entre servidores públicos contra instituciones de gobierno, en los cuales también debe existir autonomía, es decir, que quienes encabecen este tribunal no sean designados por el propio gobierno, el cual no puede ser juez y parte.
Rojas Olvera comentó que la discusión de la constitución de la Ciudad de México representa una oportunidad para revisar la legislación laboral a nivel local y federal, cuyo fin fundamental sea la de proteger el derecho al trabajo.
Expuso que dicha ley suprema de la capital, deberá contemplar cómo ofrecer el acceso a la salud y demás prestaciones a los más de dos millones trabajadores informales.
Indicó que el tema laboral debe analizarse de manera seria y comprometida si en verdad se quiere alcanzar una constitución de vanguardia, misma que deberá contemplar el acceso al trabajo como un derecho humano.
Además se pronunció a favor de que desaparezcan los sindicatos únicos y se permita la libre asociación de los asalariados.