El pleno del Senado aprobó un dictamen por el que faculta a la Secretaría de Gobernación (Segob) para presidir, en casos excepcionales, el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Además establece que la coordinación del Sistema Nacional recaerá en su Secretaría Ejecutiva.
En el dictamen avalado por unanimidad con 91 votos, se precisa que con la aprobación de esta adicción a la fracción XLII y recorriendo las subsecuentes al Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se cumple con lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dicha legislación fue aprobada en noviembre de 2014 y promulgada en diciembre de ese mismo año.
Ese Sistema Nacional de Protección Integral es la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de los menores de edad.
La ley general establece que el Sistema será presidido por el presidente de la República y en el dictamen se subraya que la presencia del Ejecutivo federal es fundamental.
La razón es que se requiere alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, lo que indica el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de infantes y adolescentes.
Además precisa que la suplencia excepcional conllevaría eventualmente al ejercicio del voto de calidad de quien preside el Sistema Nacional.
Al presentar el proyecto a la asamblea, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado, Martha Elena García Gómez, expresó que por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección, derivado de la ley avalada en 2014.
Argumentó que el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes determinará la rectoría en el tema de los derechos de la infancia y se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.
Además precisó que el objeto de la ley general es crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional, con el propósito de que el Estado cumpla su responsabilidad de garantizar la protección, la prevención y la restitución integrales de los derechos de menores de edad que hayan sido vulnerables.
La senadora Angélica Araujo Lara, del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso que con este dictamen se beneficiará a más de 33 millones de personas.
Asimismo reiteró el compromiso de su bancada para proteger los derechos de la niñez a la educación, a crecer, desarrollarse y alcanzar su pleno potencial, y a lograr que sus voces sean escuchadas.