El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, calificó como “un absoluto exceso” que la revista semanal Desde la Fe, que publica la Arquidiócesis Primada de México, haya considerado como “inmoral” los recursos públicos que reciben los partidos políticos.
“Lo que es legal no es inmoral, yo le diría con todo respeto a la Arquidiócesis Primada de México que recuerde el principio básico de respeto entre el ámbito de lo privado, de lo religioso y el quehacer público, el quehacer que nos corresponde a quienes tenemos una responsabilidad ante la sociedad”, indicó.
La publicación indicó el pasado fin de semana que “no hay razón para permitir que los partidos políticos sigan derrochando inmoralmente los recursos de un país sumergido en la pobreza” y agregó que es urgente considerar un recorte presupuestal para estos institutos.
Consultado por la prensa al respecto, el diputado presidente señaló que “al César lo que es del César y a dios lo que es de dios. Yo no me ando metiendo en juzgar a nadie porque profesa tal o cual religión, si es buena o mala o que no profesa ninguna …que no se metan en lo nuestro tampoco”, añadió Zambrano Grijalva.
Sostuvo que el tema de los recursos públicos para los partidos políticos está en la ley y la ley es para respetarse. “Si quieren que eso se modifique, pues que por las vías que tengan a su alcance, institucionales, hagan llegar sus propuestas”.
Comentó que los partidos políticos están obligados a que todos los recursos de sus prerrogativas que no se utilicen sean regresados, año con año, al Instituto Nacional Electoral (INE) y esta instancia determina si se reintegran al erario público.
A pregunta expresa, Zambrano Grijalva dijo que la iglesia está en su derecho a opinar lo que quiera, “pero de ahí a calificar de inmoral los recursos públicos que reciben los partidos para el financiamiento de sus actividades, me parece un absoluto exceso”.
Precisó que en México y otros países del mundo se ha incorporado en los últimos años que los partidos reciban recursos públicos para evitar que entren en la lógica de privatización y que sean los recursos privados, de individuos o empresas, los que determinen su comportamiento político o que incluso puedan decidir la vida del país.