La extracción del agua de riego que se da de manera ilegal entre los usuarios de este tipo de agua significa un problema para el medio ambiente, sólo el 39 por ciento de los productores agrarios tienen un medidor para controlar y monitorear su consumo, por ello es necesaria una modificación a la Ley de Desarrollo Rural y Sustentable, afirmó el diputado Jesús Serrano Lora.
El también presidente de la Comisión de Reforma Agraria, resaltó que se deben modificar los artículos 3 y 168 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para incluir el concepto de recursos hídricos, así como todo lo perteneciente y relativo al agua.
“La Comisión Intersecretarial, integrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Comisión Nacional del Agua deben diseñar un sistema de sustentabilidad hídrica que defina la superficie máxima de riego, acorde al volumen fijado en el permiso de uso de agua. Esto, en los casos donde existan acuíferos sobreexplotados” afirmó el legislador.
Dicha iniciativa buscará que se garantice el uso eficiente del vital líquido en el sector agrícola para que los usuarios ajusten la superficie de siembra, al volumen de agua que le fue concesionada y no desperdicien más del necesario para sus cultivos.
Por ello, el diputado morenista recalcó si se continúa el otorgamiento de licencias indiscriminadamente se atenta contra la sustentabilidad y la disponibilidad del agua, que de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, de 653 acuíferos en el país, 106 se encuentran sobreexplotados y otros 70 poseen algún grado de sobreexplotación, que implica que en diez años dejarán de existir, afectando a Mexicali, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.
Serrano Lora aseveró que la agricultura de riego contribuye a elevar los ingresos y la producción agrícola, ofrece mayor seguridad y permite ampliar y diversificar cultivos con mayor valor.
Por último, el diputado de Morena recalcó que si se continúan con prácticas agrícolas poco eficientes, con la falta de coordinación entre dependencias y actores, así como la inadecuada y limitada inversión pública, el gobierno federal fomenta un uso inadecuado del agua en la agricultura y aumentan la vulnerabilidad de los recursos hídricos.