Después de haber sido copartícipe importante en el incremento de la deuda del país, el Congreso debe concretar una propuesta viable para evitar que siga al alza como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), mediante un mayor ajuste al gasto a lo que se propone para 2017.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) considera que como parte de la discusión del paquete económico para 2017, el Congreso debe realizar un análisis exhaustivo sobre los rubros en los que se puede hacer mayores ajustes al gasto.
Esto, sobre todo cuando en materia de ingresos, a pesar de la mejora en el tema de recaudación y el efecto proveniente del impuesto a las gasolinas, la posibilidad se acota con la decisión de no modificar el entorno tributario al menos hasta 2018.
En su reporte semanal “Análisis económico ejecutivo”, apunta que la reducción al gasto público para 2017 se concentra en el programable, en especial en los ramos administrativos, para los que se tiene previsto una disminución de 16.9 por ciento en sus recursos.
Sin embargo, para los ramos autónomos se propone un aumento de 9.6 por ciento, principalmente por un alza de 14.8 por ciento en el gasto del Poder Judicial, y los esfuerzos deben ser mayores en estos rubros, pues es la parte en la que mayor margen de maniobra se tiene para realizar ajustes.
El organismo de análisis e investigación del sector privado estima que los resultados que se logren en este aspecto serán la base para hacer frente al rápido aumento en el gasto no programable.
En este tema resalta el aumento en el costo financiero del sector público, es decir, el pago de intereses de la deuda, que se ha incrementado significativamente a la par del aumento en el nivel de la deuda pública.
Indica que para este se propone un presupuesto de 568.2 mil millones de pesos para 2017, lo que representa una cifra 90.5 mil millones de pesos mayor a la aprobada para 2016.
Otro rubro que muestra un aumento importante es el relacionado con las participaciones a entidades federativas, para el cual se propone un aumento de 37.3 mil millones de pesos para 2017, respecto a lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de 2016.
En opinión del CEESP, lo preocupante es que la mayor asignación de recursos propuesta para estos rubros representa poco más de la mitad del aumento previsto en los ingresos tributarios del sector público.
El hecho es que a pesar de los esfuerzos que se plantean y las favorables señales que esto significa, se debe insistir sobre la necesidad de ser más agresivos en la corrección al gasto, argumenta.
Además de poner mucho más énfasis en una mejora en la asignación de los recursos, que éstos se dirijan a aquellos programas que realmente cumplan con su objetivo de beneficio social y con mayor énfasis, así como a la inversión productiva, que es la mejor manera de estimular la inversión privada.
Destaca que el paquete económico 2017 que entregó la Secretaría de Hacienda al Congreso va en la dirección correcta para tratar de corregir los desequilibrios en materia de déficit y endeudamiento del sector público, que son factores fundamentales para que la estabilidad macroeconómica se mantenga en el mediano y largo plazos.
Señala que las previsiones en materia de ajuste al gasto y objetivo de un balance primario superavitario, después de ocho años con déficit, envían señales positivas a los mercados de que las autoridades hacendarias están preocupadas y ocupadas en corregir los desequilibrios.
Aprobar el paquete económico como se envió al Congreso es un avance importante, pero insuficiente para corregir rápidamente la situación de desbalance de las cuentas del sector público.
De ser así, agrega, la deuda seguirá aumentando en términos absolutos y como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), sobre todo cuando el entorno anticipa un bajo ritmo de crecimiento, lo que hará que el porcentaje del total de compromisos del sector público siga al alza como proporción del producto.
Aunado a esto, las autoridades hacendarias no anticipan una corrección importante del déficit público en los siguientes años, lo que implica la necesidad de buscar recursos para financiar esta diferencia, apunta.
El organismo refiere que de acuerdo con el escenario 2017-2022, no hay un solo año en el que el balance del sector público muestre un resultado superavitario, e incluso los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se mantienen estables como proporción del PIB a partir de 2018, en un 2.5 por ciento.
Sin embargo, el Saldo Histórico de los RFSP muestran una modesta tendencia a la baja en ese lapso, lo cual no es consistente con un aumento constante en el flujo anual de deuda, lo que lleva a intuir que esto se debe a una estimación de crecimiento del PIB elevada, que sería la única manera de que se pudiera dar este escenario.
Por lo anterior, consideró que el Congreso tiene la responsabilidad de lograr el mejor paquete económico para el próximo año, que sea realista y viable.
Es por ello importante que las variables que se utilicen para establecer el marco macro que apoye la propuesta del programa económico no se vean afectadas con la intención de generar un entorno más favorable de manera virtual, subraya.
“Esperamos no ver modificaciones optimistas en el precio del petróleo con el objetivo de mejorar la expectativa de ingresos petroleros o un tipo de cambio que minimice los efectos del aumento de la deuda externa”.
Para el CEESP, la evolución de la economía depende en gran medida de lo que se logre con la aprobación del paquete económico para el próximo año.