El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el cual se encargará de aplicar las sanciones y revisar los casos que surjan a partir de la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción necesita muchos más recursos en 2017, a fin de cumplir cabalmente esas funciones, indicó su titular, el magistrado presidente Manuel Halivis.
En reunión con los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el magistrado Hallivis Pelayo recordó que, como parte del Sistema Anticorrupción, se instruyó al Tribunal crear cinco salas regionales de responsabilidades, para las cuales, el Ejecutivo Federal solo propuso asignar 27 millones de pesos, cuando se requieren más de 386 millones de pesos.
“Evidentemente se necesitan recursos. Para el ejercicio fiscal del 2017, ahí están los números, nosotros necesitamos 386 millones para este tema. Como ven ustedes, para este año nos recuperan los 90 millones que nos habían quitado y nos dan 27 más, pero una sala de responsabilidades requiere 54 millones de pesos por año”, argumentó.
Señaló que de acuerdo a estimaciones de especialistas, a partir de la implementación del las normas anticorrupción, el Tribunal tendría que atender anualmente entre tres mil y cinco mil casos, pero según las previsiones internas, los casos por desahogar serán aproximadamente siete mil, y para ello, se requieren recursos.
Detalló que la normatividad “afortunadamente” contempló ese proceso en dos etapas, una de las cuales consiste en la apertura de las cinco Salas de Responsabilidades Administrativas, de las cuales, dos o tres podrían instalarse en la Ciudad de México y las restantes al norte y al sur del país.
Asimismo, apuntó, se conminó al Tribunal a involucrar a su Sala Superior en la atención de los casos anticorrupción, por lo que tendrá que contar con otros tres magistrados especializados en esa materia, a fin de “firmar” y conocer de todos los asuntos en cuestión, los cuales se habrán de abordar de manera pública y en salas acondicionadas con sistemas de cámaras y grabación.
Explicó que en el año 2014, el organismo a su cargo contó con un “interés controvertido” o bien, un presupuesto superior a los 500 mil millones de pesos, cifra que en 2015 se redujo a 330 mil millones de pesos aproximadamente.
En 2016, el monto disponible se redujo en 90 millones de pesos más, lo que obligó a la institución a mantener su eficiencia, pero sin mayores recursos, apuntó.
Tras aseverar que ese órgano jurisdiccional no tiene gastos superficiales, aunque el 85 por ciento de su presupuesto se va al pago de los salarios del personal, enfatizó que los 27 millones de pesos que el Ejecutivo Federal propuso destinar en 2017 al acondicionamiento de las Salas de Responsabilidades, evidentemente serán insuficientes, en tanto que una sola sala de medianas proporciones, requiere al menos de 54 millones de pesos anuales.
“¿Para qué necesitamos dinero? Se nos mandató a crear cinco salas especializadas, ellos se van a encargar de todo el Sistema Nacional Anticorrupción desde el punto de vista sanción, pero van a resolver en segunda instancia, todo lo que está pendiente: obra pública, adquisiciones, etcétera. También van a estar a cargo de responsabilidad patrimonial, de resolver todo lo relativo a sanciones no graves”, agregó.