La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el informe 9/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el que expuso las situaciones de riesgo, trato y condiciones observadas en 10 centros de detención del país.
De acuerdo con un comunicado difundido por el organismo, el documento emitido es resultado de las visitas de supervisión realizadas durante los meses de septiembre y octubre de 2016 en ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) varoniles.
Personal del organismo también inspeccionó las instalaciones del Complejo Penitenciario “Islas Marías” y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi).
En dichos centros de detención se detectaron diversas situaciones de riesgo, como las relativas al derecho a recibir un trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, protección de la salud e integridad personal, entre otros.
Además, indicó, hallaron deficientes condiciones de las instalaciones y de alimentación, escasas actividades para alcanzar la reinserción social e inconveniente comunicación con personas del exterior.
Hay una incorrecta imposición de sanciones disciplinarias a los internos y una inadecuada separación y clasificación de las personas privadas de la libertad, destacó.
En el informe 9/2016, el organismo defensor de derechos humanos puntualizó que en esos reclusorios hay escaso personal médico, prestación del servicio, equipo, abasto de medicamentos y práctica de exámenes médicos a los detenidos sin condiciones de privacidad.
Evidenció que sigue siendo insuficiente el personal de seguridad y custodia y la capacitación en materia de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la falata de accesos para personas con discapacidad física.
No obstante, agregó, hacen falta programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos en los lugares de detención y contra las adicciones.
La CNDH añadió que las observaciones detectadas durante las visitas y señaladas en el documento están sustentadas en la normatividad nacional y los instrumentos internacionales de carácter vinculatorio y declarativo que les son aplicables.